Adán Augusto y los 30 millones perdidos: lo que revelan sus declaraciones patrimoniales

El patrimonio del senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, vuelve a colocarlo en el centro de la controversia política.

De acuerdo con una revisión periodística de sus declaraciones patrimoniales entre 2019 y 2025, el morenista redujo su fortuna declarada de 34 millones de pesos a solo 3.5 millones, sin que exista un registro público que explique la desaparición de casi 30 millones de pesos en bienes, propiedades y activos personales.

En su primera declaración como gobernador de Tabasco, presentada en 2019, López Hernández presumía un patrimonio amplio y diversificado.

Reportó 12 propiedades, algunas a su nombre y otras al de su esposa, Dea Isabel Estrada, con un valor conjunto cercano a los 20 millones de pesos, además de tres automóviles, una colección de monedas y centenarios, joyas y mobiliario doméstico con valor estimado en 10 millones de pesos. En total, su riqueza personal superaba los 34 millones.

¿Qué pasó con las declaraciones de Adán Augusto?

Sin embargo, esa cifra se desplomó en las declaraciones posteriores. En 2023, cuando aún se desempeñaba como secretario de Gobernación, ya solo aparecían dos bienes inmuebles: una vivienda de 8.3 millones de pesos y un terreno de 1 millón. Para 2024, dichos activos también desaparecieron de los registros y fueron reemplazados por dos terrenos “heredados” valuados en apenas 3.5 millones de pesos.

El problema no es la disminución del patrimonio en sí, sino la ausencia de documentación que respalde las supuestas transferencias o ventas. Los objetos de alto valor, como joyas, metales y mobiliario de lujo, dejaron de aparecer sin explicación alguna, lo que alimenta las sospechas de ocultamiento o simulación de activos.

Una fortuna que se esfumó

La investigación del diario El País señala que esta “desaparición” no corresponde a una liquidación o donación de bienes, sino a una inconsistencia sistemática en las declaraciones públicas del senador. En los archivos disponibles, no se especifican operaciones de compraventa ni movimientos financieros que justifiquen la reducción patrimonial.

La polémica se intensificó tras un reportaje de la televisora N+, que documentó presuntos ingresos no declarados por 80 millones de pesos entre 2023 y 2024. Estos recursos, según el reportaje, habrían provenido de pagos vinculados a contratos y asesorías privadas que no fueron reportadas al momento de dejar su cargo en la Secretaría de Gobernación.

Ante la presión mediática, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitó formalmente una revisión de su evolución patrimonial. La petición busca determinar si hubo omisiones deliberadas o movimientos financieros irregulares en los últimos cinco años.