Alfonso Durazo envía carta al The New York Times: niega investigación en su contra y exige rectificación

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó categóricamente las afirmaciones difundidas por el diario estadounidense The New York Times, en las que se le vincula con una supuesta investigación de autoridades de Estados Unidos y con presuntas redes de funcionarios mexicanos que habrían ofrecido información sobre integrantes de Morena.

En una carta dirigida a A. G. Sulzberger, editor y presidente del medio, y a Joseph Kahn, editor ejecutivo, el gobernador de Sonora exigió una aclaración formal al considerar que el reportaje carece de evidencia verificable y presenta señalamientos sin respaldo documental.

¿Qué dice Alfonso Durazo?

Durazo sostuvo que no ha recibido notificación alguna, ni en México ni en el extranjero, sobre investigaciones en su contra, y afirmó que tampoco existe registro de actuación oficial que lo involucre en procedimientos judiciales o administrativos relacionados con los hechos descritos en la publicación.

Durazo también cuestionó que la investigación del diario estadounidense retome versiones previas difundidas por otros medios sin aportar elementos nuevos que confirmen las acusaciones, lo que, según señaló, convierte la información en una especulación sin sustento comprobable.

¿Qué publicó el NYT?

De acuerdo con el reportaje, al menos una decena de funcionarios mexicanos, incluidos algunos vinculados al partido Morena, habrían tenido contacto con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información sobre otros políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado, en medio de posibles investigaciones por corrupción.

El reportaje también afirma que dichos acercamientos habrían surgido tras el incremento de indagatorias vinculadas a presuntos nexos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa, particularmente después de solicitudes de extradición contra exfuncionarios en la región.

Ante estas versiones, Durazo solicitó al medio estadounidense que aclare de manera explícita que no existe confirmación oficial que lo vincule con una investigación, además de pedir que cualquier rectificación tenga una visibilidad equivalente a la publicación original.

El mandatario consideró que la difusión de información sin pruebas verificables afecta no solo su imagen pública, sino también la credibilidad del propio medio, al tiempo que insistió en que la responsabilidad periodística exige sustento documental en afirmaciones de esta naturaleza.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político mexicano, donde diversos actores han exigido que cualquier señalamiento contra funcionarios públicos sea respaldado con evidencia oficial y verificable, evitando la difusión de versiones basadas únicamente en fuentes anónimas.

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