Empresas sin trabajadores y posibles prestanombres: Exhiben contratos electorales de hermanos Hernández Casillas
¿Cómo consiguieron contratos electorales por más de 2 mil 646 millones de pesos? Las empresas vinculadas a los hermanos Casillas bajo investigación
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, exhibió una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Reymundo Hernández Casillas que obtuvo contratos electorales por más de 2 mil 646 millones de pesos.
La investigación presentada este jueves señala posibles acuerdos entre proveedores para manipular licitaciones y dispersar recursos mediante compañías sin capacidad operativa acreditada.
La funcionaria informó que, entre 2014 y 2023, empresas relacionadas con los hermanos recibieron contratos superiores a 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE). Entre 2024 y 2025, otros 15 organismos asignaron contratos por 646 millones.
Las cifras proceden de la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet Histórico, y podrían aumentar conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Acciones oficiales y medidas adoptadas ante las irregularidades
"Al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos", afirmó Buenrostro al explicar que distintas compañías participaban en los procedimientos de contratación, aunque compartían beneficiarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó algunas cuentas bancarias a partir de denuncias de la ASF. Buenrostro precisó que corresponde a esa institución investigar las irregularidades administrativas y, cuando existan elementos suficientes, dar intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) o a las autoridades financieras competentes.
La investigación gubernamental ubica el origen de las contrataciones en 1999, cuando Cartonera Plástica comenzó a suministrar materiales electorales en el Estado de México. Buenrostro recordó que un contrato vinculado con los hermanos provocó una controversia en 2005 que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales estatales.
La secretaria sostuvo que varias empresas compartían domicilios y teléfonos, carecían de trabajadores declarados y no acreditaban capacidad técnica. Hacienda también identificó movimientos hacia otras compañías y registros de personas de 18 y 96 años, circunstancias que las autoridades consideran indicios de posibles prestanombres o uso indebido de identidades.
Sheinbaum vinculó la discusión con la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar consejeros de los organismos locales.
La mandataria rechazó que las irregularidades puedan atribuirse automáticamente a Guadalupe Tadei y recordó que su trayectoria en el organismo electoral de Sonora antecede a su llegada a la presidencia del INE.
La investigación abre ahora una revisión sobre la responsabilidad de las empresas contratistas y los funcionarios que autorizaron las adjudicaciones. La ASF deberá determinar las irregularidades administrativas, mientras las autoridades financieras y ministeriales examinan las operaciones señaladas. La presentación gubernamental no equivale, por sí misma, a una resolución definitiva de responsabilidad.
Con información de Roberto Cortez en Ovaciones.
