¿En dónde quedó el dinero de los contratos electorales? UIF rastrea transferencias a estudiantes, adultos mayores y empresas
¿Quién recibió el dinero de los contratos electorales? La UIF detecta movimientos sospechosos y bloquea a 25 personas y 15 empresas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrea transferencias de recursos provenientes de contratos electorales hacia empresas y particulares sin vínculos comerciales aparentes. La investigación identificó movimientos rápidos entre cuentas bancarias y operaciones que podrían constituir indicios de lavado de dinero, aunque todavía no se determina el monto de los recursos involucrados.
El titular de la UIF explicó que los análisis financieros incluyen reportes de operaciones inusuales y sospechosas enviados por instituciones bancarias y otros sujetos obligados.
Entre los indicadores detectados figuran cuentas que reciben dinero y lo transfieren en poco tiempo, así como movimientos hacia estudiantes y adultos mayores sin una actividad económica que explique las operaciones.
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Acciones de la UIF en la investigación financiera
Señaló el funcionario, quien explicó que la permanencia breve del dinero en una cuenta y su transferencia hacia personas sin relaciones comerciales aparentes constituyen señales de riesgo que requieren investigación.
La UIF incorporó previamente a su lista de bloqueados a 25 personas físicas y 15 morales relacionadas con las indagatorias. Su titular aclaró que todavía espera los reportes de los bancos para conocer cuántas cuentas fueron inmovilizadas y los montos correspondientes.
Detalles sobre la red de proveedores electorales
Tampoco confirmó si Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), figura entre las personas sujetas a la medida.
La investigación financiera se relaciona con una red de proveedores electorales vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Según la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, empresas relacionadas con ellos obtuvieron contratos superiores a 2 mil 646 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante adjudicaciones de organismos públicos locales electorales.
Raquel Buenrostro, titular de esa dependencia, señaló que varias compañías compartían domicilios y teléfonos, no declaraban trabajadores ni acreditaban capacidad técnica. También describió mecanismos de dispersión del dinero hacia otras sociedades y posibles prestanombres.
Estas observaciones forman parte de las investigaciones del SAT y la UIF, sin que constituyan por sí mismas una resolución de responsabilidad penal.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la UIF mantiene un convenio de intercambio de información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), firmado en septiembre.
Precisó que las posibles denuncias penales dependerán de los resultados de los análisis financieros y de las pruebas que permitan establecer delitos. También aclaró que hasta ahora no se ha identificado una relación de los proveedores investigados con algún grupo delictivo.
El siguiente paso corresponde a las instituciones financieras, que deberán informar cuántas cuentas pertenecen a las personas bloqueadas y qué recursos contienen. Con esos datos, la UIF podrá ampliar sus investigaciones y determinar si existen elementos para acudir a la Fiscalía General de la República, mientras la ASF continúa la revisión de las contrataciones electorales.
Con información de Roberto Cortez en Ovaciones.
