De multas a cárcel: las nuevas sanciones que impone la Ley General de Aguas
La nueva ley fue publicada en el DOF y marca las conductas que serán castigadas y cuáles son las penas contempladas
Luego de decenas de bloqueos carreteros de agricultores y semanas de polémica, la nueva Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso, entró en vigor este 12 de diciembre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma redefine las reglas de control, transmisión y uso del recurso hídrico en el país, pero también establece nuevas sanciones penales y administrativas para quienes violen la normativa.
Hoy se publicó en el @DOF_SEGOB el Decreto de la Presidenta @Claudiashein por el que se expide la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
— Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) December 12, 2025
Estas reformas son un acto de justicia para el pueblo de México: el…
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Restricciones a concesiones y transmisiones
La ley establece candados más estrictos para evitar la venta y transferencia indiscriminada de derechos de agua.
El artículo 22 limita las transmisiones únicamente a casos de compraventa de propiedad, herencias o fusiones empresariales. Además, cualquier solicitud deberá resolverse en un máximo de 20 días hábiles.
En el caso de prórrogas, el artículo 24 fija que deberán tramitarse tres años antes del vencimiento, y ya no será posible solicitarlas dentro de los últimos seis meses.
Penas por extracción y traslado ilegal de agua
La reforma incluye un nuevo apartado de carácter penal: el 123 Bis 3, que sanciona el traslado ilegal de volúmenes de agua sin autorización. Las penas son:
Hasta 50 mil litros: de tres a cinco meses de prisión.
Más de 50 mil litros: de seis a ocho meses de prisión.
Estas sanciones aplican a particulares, empresas o grupos que extraigan, muevan o comercialicen agua fuera de los términos de su concesión.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) December 1, 2025
Castigos más severos para funcionarios
Para frenar la corrupción dentro del sector hídrico, el artículo 123 Bis 5 endurece las sanciones contra servidores públicos que otorguen concesiones o faciliten trámites a cambio de beneficios personales.
Las penas pasan de uno a ocho años, a un rango ampliado de dos a 14 años de prisión, además de sanciones económicas y destitución.
Controles contra el acaparamiento
En los artículos transitorios, la Conagua deberá implementar un programa especial para prevenir la concentración excesiva del recurso en manos de particulares o empresas. También tendrá la obligación de garantizar una gestión hídrica responsable durante toda la transición al nuevo marco jurídico.
