¿Cuáles son todos los escándalos que han sacudido al INE? De acusaciones de "transas" a una remodelación

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos, relaciones con proveedores y manejo de recursos públicos. Este lunes 19 de octubre, una investigación reveló que el chofer de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, figura como apoderado legal de una empresa investigada por autoridades federales, un caso que se suma a otras controversias administrativas.

Se trata de Jonathan Navarrete Torres, quien trabaja como conductor de Taddei desde abril de 2025 y percibe un salario mensual de 45 mil 765 pesos. Según una investigación de Reforma, desde junio de 2023 aparece como apoderado de Corporativo Zeg, proveedora de materiales electorales que ha sido investigada por presuntas irregularidades y posibles prácticas monopólicas.

El vínculo no fue incluido en su declaración patrimonial de junio de 2026. Además, la empresa y otra compañía relacionada, Cajas Graf, tuvieron como representante legal a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE. Estas relaciones han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, aunque no acreditan por sí mismas delitos.

Contratos millonarios y acusaciones contra familiares de Taddei

Uno de los antecedentes más controvertidos surgió en mayo de 2026, cuando la senadora Lilly Téllez acusó a Guadalupe Taddei de presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de aproximadamente 65 millones de pesos, destinado a materiales para simulacros de la elección judicial.

La legisladora aseguró que detrás de la empresa Comercializadora JVLY existirían vínculos con familiares de la presidenta del INE. Sin embargo, la supuesta participación de los hijos de Taddei no ha sido demostrada públicamente, por lo que permanece como una acusación política, no como un hecho acreditado.

Auditorías exhiben pagos millonarios sin comprobar

En febrero de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en adquisiciones relacionadas con las elecciones de 2024 y la elección judicial de 2025.

La mayor parte, aproximadamente 63.2 millones, correspondía a materiales para simulacros electorales cuya entrega y prestación de servicios no quedaron suficientemente acreditadas. También se detectaron deficiencias en el control de materiales didácticos y el uso de vehículos arrendados.

Otro caso surgió en septiembre, cuando una auditoría interna reveló que el INE pagó 6 millones 279 mil pesos a ocho trabajadores entre 2023 y 2025 sin presentar documentación suficiente para comprobar sus actividades.

Los empleados estaban adscritos a áreas administrativas y del Registro Federal de Electores. La revisión identificó deficiencias en los informes de trabajo, aunque no determinó que las personas hubieran cobrado sin realizar sus funciones.

Remodelación del INE bajo investigación

El escándalo más reciente antes del caso del chofer se conoció el 18 de octubre, cuando trascendieron los resultados de una auditoría sobre la remodelación del edificio D del INE, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México.

El Órgano Interno de Control detectó irregularidades en tres contratos por 16.7 millones de pesos, incluyendo inconsistencias en cotizaciones, retrasos y falta de documentos que acreditaran determinados trabajos. De ese monto, 198 mil 41 pesos permanecían pendientes de aclaración. Los señalamientos colocan bajo revisión los mecanismos de contratación y supervisión del organismo electoral.

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