Estos fueron los argumentos de las juezas en la CIDH para defender al Poder Judicial

Durante la audiencia de representantes del Poder Judicial con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada este martes 12 de noviembre, en la que también participó el colectivo de organizaciones La Justicia que Queremos —integrado por asociaciones como México Unido Contra la Delincuencia y la Fundación para la Justicia—, las personas juzgadoras externaron sus opiniones sobre la reforma judicial.

Entre las réplicas que más destacaron, se encuentra la de la magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, quien pidió al Estado mexicano que presentara el diagnóstico y la metodología utilizada para promover la reforma judicial. Además, señaló que se están desconociendo principios como el de presunción de inocencia.

“Las personas juzgadoras no liberan delincuentes, porque si no se ha demostrado por parte de las fiscalías la culpabilidad, todas son inocentes. Los derechos humanos no son cuestión de mayoría; de hecho, la justicia y, en especial, la función del Poder Judicial de la Federación es también para las minorías, principalmente para las minorías”, señaló.

La magistrada aseguró que la reforma violenta distintos estándares de derechos humanos, en especial los relacionados con independencia judicial y debido proceso, los cuales son garantías para el acceso a la justicia. Además, declaró que la mayoría absoluta con el poder reformador intenta cortar al Poder Judicial.

La representante del colectivo La Justicia que Queremos, Mariclaire Acosta, mencionó que la reforma tiene un impacto negativo en la justicia porque la politiza, al poner en riesgo la imparcialidad de los jueces, quienes podrían transformarse en actores políticos “motivados por ganar votos en vez de actuar en función de los hechos”.

También señaló que esta reforma somete a la justicia a intereses políticos, económicos y criminales, reemplazando el mérito por la popularidad, y profundiza los problemas del sistema de justicia, “al día de hoy, incapaz de investigar el 96% de los delitos que una minoría de ciudadanos que acuden a las fiscalías denuncian”.

Acosta recalcó que la reforma no facilita el acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad y excluye a quienes carecen de poder político, implicando “una parálisis en la mayoría de juzgados por meses”. Además, dejó en claro que, en lugar de resolver problemas de nepotismo y corrupción, los agravará.

Las juezas y magistradas destacaron que representan a más de 300 víctimas de masacres y graves violaciones de derechos humanos —como ejecuciones, desapariciones y tortura—, quienes no han podido acceder a la justicia en el sistema jurídico actual.

Aun así, aseguran que la reforma ampliará la brecha para que los afectados puedan acceder a la ley, y señalan que no se cumplirá lo prometido por el gobierno, ya que se deja de lado a las fiscalías, responsables en gran medida de la impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos.