Exjuez del caso de 'Los Pokys', de los detenidos por red de huachicol fiscal
Es señalado como representante legal de una empresa relacionada con grupos criminales y el contrabando de diésel
El exjuez federal Anuar González Hemadi, conocido por su polémica actuación en el caso de "Los Porkys", fue detenido este sábado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Según confirmó el gabinete de seguridad del Gobierno federal, González Hemadi fue aprehendido junto a otros 13 implicados, entre ellos funcionarios, marinos y empresarios, en un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El exjuez figura en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, en la cual se le identifica como representante legal de la empresa Mefra Fletes, S.A. de C.V., señalada por su presunta participación en el tráfico ilegal de hidrocarburos.
De los tribunales al crimen organizado: la caída de González Hemadi
González Hemadi fue destituido como juez en 2019 tras un fallo que generó indignación nacional: otorgó un amparo a favor de uno de los acusados de violar a la menor Daphne Fernández en 2015, en el caso conocido como "Los Porkys". El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó que incurrió en “errores inexcusables” y actuó en contra de las constancias del proceso.
En 2017, González determinó que no existía “intención lasciva” por parte del imputado Diego Gabriel Cruz Alonso, considerando que no hubo “copulación” ni intención expresa de cometer el delito, argumento que fue revocado por un Tribunal Colegiado. En 2019, fue oficialmente separado del Poder Judicial.
Años después, su nombre vuelve a la agenda nacional, esta vez vinculado con una de las redes criminales más amplias del mercado ilícito de combustibles en México.
Mefra Fletes y la red delictiva de Los Primos
Tras su salida del Poder Judicial, González Hemadi fue designado representante legal de Mefra Fletes en noviembre de 2023, una empresa con sede en Monterrey y antecedentes por tráfico de hidrocarburos.
De acuerdo con la investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía ya había sido señalada por irregularidades desde 2020. Ese año, en Reynosa, Tamaulipas, autoridades decomisaron un cargamento de 28,262 litros de diésel cuyo origen legal no fue acreditado.
El caso que llevó a su reciente detención tiene relación con un operativo realizado el 19 de marzo de 2025, cuando un buque cisterna atracó en el puerto de Tampico con más de 10 millones de litros de diésel ilegal. La FGR y la Semar confirmaron que varios tractocamiones y remolques utilizados en el traslado del combustible pertenecían a Mefra Fletes. Días después, también se aseguraron cerca de 8 millones de litros más en Baja California, relacionados con la misma red.
Ligada a altos mandos navales y políticos
Las investigaciones apuntan a que Mefra Fletes estaría vinculada con la organización delictiva conocida como “Los Primos”, presuntamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, ambos sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Además, MCCI identificó que familiares del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía, aparecen como socios de Mefra Fletes e Impulsora de Productos Sustentables, ambas usadas supuestamente por el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el contrabando de hidrocarburos provenientes de Texas.
José Ascensión, edil del partido Movimiento Ciudadano, se encuentra actualmente vinculado a proceso por delincuencia organizada, por presuntamente colaborar en el reclutamiento forzado de personas para el CJNG.
Permiso oficial para operar
A pesar de estos antecedentes, MCCI reveló que Mefra Fletes cuenta con un permiso vigente de 30 años otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde mayo de 2019, que le permite transportar gasolina y diésel por medio de autotanques y semirremolques.
El caso pone en entredicho la supervisión de las autoridades energéticas sobre las empresas transportistas y la colusión entre sectores privados, judiciales y militares.
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