FGR no localiza a Ojeda... pero cada sábado juega golf en Club Campestre
La defensa de Fernando Farías asegura que el exsecretario de Marina no pudo ser notificado como testigo, aunque fuentes lo ubican regularmente en el Club Campestre de la CDMX.
Por Pilar Mansilla en Ovaciones
La Fiscalía General de la República (FGR) informó a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, de acuerdo con la defensa de Fernando Farías Laguna, que no logró localizar al almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, para notificarle el citatorio con el que debía comparecer como testigo en el proceso por huachicol fiscal que alcanzó a sus sobrinos políticos, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ex vicealmirante y ex contralmirante, respectivamente.
Sin embargo, Ojeda mantiene una presencia visible como socio residente del Club Campestre de la Ciudad de México, donde fuentes del lugar lo ubican prácticamente cada sábado en el campo de golf.
Su relación con el Campestre comenzó cuando todavía encabezaba la Secretaría de Marina. Durante aproximadamente dos años utilizó sus instalaciones mediante pases de cortesía durante la presidencia de Arturo Zárate Rocha, antes de iniciar el procedimiento para convertirse formalmente en socio residente.
Para incorporarse necesitó cinco cartas de recomendación, dos firmadas por integrantes con al menos 20 años de antigüedad en el club, además de la aprobación del Comité de Admisiones. Fue postulado por Fernando Lemmen-Meyer Sandoval, José Luis Franco Huerta, David Ignacio Espinosa Guzmán, Benjamín Gil Nieva y Octavio Pérez Salazar.
El ingreso también implicó un desembolso considerable. De acuerdo con la información obtenida, la cuota única de incorporación ronda los 2 millones de pesos, a los que se suman mensualidades cercanas a 30 mil pesos.
La identidad de algunos de sus postulantes permite seguir relaciones que rebasan el campo de golf. David Ignacio Espinosa Guzmán, ligado al grupo Tradeco, aparece entre quienes impulsaron el ingreso de Ojeda después de que la firma recibiera obra pública de la dependencia cuando la encabezaba el almirante.
El 27 de abril de 2019, la Marina adjudicó directamente a Tradeco Industrial el contrato C-12/2019 para construir la primera etapa del Hospital General Naval de Coatzacoalcos, Veracruz, por 90 millones 673 mil 500 pesos. Un convenio modificatorio añadió 9 millones 326 mil 500 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación revisó la totalidad de esos recursos. De 10 resultados, tres fueron solventados antes de emitirse el informe y uno no presentó irregularidades.
Los seis restantes generaron observaciones y dejaron 7 millones 787 mil 620 pesos por aclarar por pagos en exceso, duplicidad de conceptos, materiales pero no colocados y diferencias entre los volúmenes pagados y la obra localizada físicamente por los auditores.
El proyecto continuó con Inmobiliaria Rancho Sierra. La Secretaría de Marina le adjudicó directamente la segunda etapa, mediante el contrato C-01/2020, por 114 millones 893 mil 600 pesos y, posteriormente, la tercera, C-15/2020, por otros 50 millones. Rancho Sierra aparece relacionada en distintos procedimientos con sociedades del entorno de Tradeco.
La siguiente fiscalización tampoco cerró sin señalamientos. De seis resultados, tres fueron solventados y los otros tres originaron dos pliegos de observaciones. Quedaron por aclarar un millón 471 mil 505 pesos: 944 mil 691 por costos indirectos considerados improcedentes y 526 mil 814 por diferencias entre volúmenes pagados y trabajos ejecutados.
Otro de los postulantes, Octavio Pérez Salazar, de Mazatlán, Sinaloa, es ingeniero formado en la Heroica Escuela Naval Militar, marino retirado y empresario ligado al sector energético.
Fue presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, y también apareció en Coparmex como enlace con las Fuerzas Armadas. Fernando Lemmen-Meyer Sandoval, otro de quienes impulsaron el ingreso del exsecretario, ha estado ligado a la dirigencia de la Federación Mexicana de Golf.
El círculo adquiere mayor dimensión frente al expediente de los sobrinos políticos del ahora exfuncionario. La FGR atribuye a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna presunta intervención en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, mantiene a Ojeda Durán fuera de las imputaciones y señaló que fue el propio exsecretario quien informó en 2024 al entonces fiscal Alejandro Gertz sobre posibles actividades ilícitas de integrantes de la institución naval.
La defensa de los exmandos sostiene que diversos documentos incorporados al expediente no fueron firmados por Manuel Roberto o Fernando, sino por otros mandos, incluido Ojeda Durán. Por ello solicitó su comparecencia como testigo.
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