"Fue un mal momento": Doña Carlota abandona penal en Edomex y enfrentará juicio en prisión domiciliaria
Tras meses en prisión, Doña Carlota dejó el penal de Chalco luego de que una jueza le concediera prisión domiciliaria por su estado de salud.
La tarde de este miércoles, Doña Carlota, de 74 años, salió del Centro Penitenciario de Chalco, en el Estado de México, luego de que una jueza determinara otorgarle prisión domiciliaria.
La mujer, apodada en redes como la “abuelita justiciera”, enfrentará su proceso penal desde su domicilio, tras meses privada de la libertad.
A su salida, declaró: “Me siento muy feliz. Nunca hubiéramos querido que esto sucediera; fue un mal momento, pero lo veo como un acto de defensa personal”.
Las razones: salud y edad
La decisión judicial se basó en las condiciones de salud de la imputada, quien padece enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Como parte de las medidas cautelares, Doña Carlota deberá portar un brazalete electrónico, pagar una garantía económica de 250 mil pesos, no salir del país y presentarse periódicamente ante autoridades
Estas condiciones buscan garantizar su permanencia durante el proceso judicial.
El caso: un conflicto que terminó en tragedia
Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2025 en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, donde Doña Carlota y sus hijos acudieron a un inmueble en disputa por presunto despojo.
Durante el altercado, la mujer realizó disparos que provocaron la muerte de dos personas: un joven de 19 años y su padre.
Por este caso, fue vinculada a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio, junto con sus hijos.
#UltimaHora #Carlota sale del penal de #Chalco para cumplir su prisión domiciliaria. pic.twitter.com/lv3MsPKjGO
— Daniel de Rosas (@danielderosastv) April 1, 2026
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El trasfondo: disputa por una vivienda
En paralelo, las autoridades confirmaron que el conflicto estaba relacionado con la ocupación del inmueble.
De hecho, un juez ya dictó sentencia de seis años de prisión por despojo contra uno de los implicados en la toma de la vivienda, lo que forma parte del contexto del caso.
Este elemento ha sido clave en la narrativa pública, donde algunos sectores han interpretado el hecho como un acto de defensa de propiedad, mientras otros lo consideran un caso de violencia grave.
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