“No es consigna”: Los 15 años de litigios que llevaron a la Corte a fallar contra Ricardo Salinas Pliego

Metzli Escalante 14 noviembre, 2025

El verdadero origen del conflicto con Salinas Pliego: los litigios que comenzaron antes de la 4T, asevera la presidenta Claudia Sheinbaum

 ©Elaboración propia. - Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas.

Frente a la prensa, Claudia Sheinbaum tomó el micrófono para desmentir lo que en redes y algunos medios se había instalado como una acusación: que el Gobierno federal habría presionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para fallar contra Ricardo Salinas Pliego en el caso de los créditos fiscales millonarios. Así comenzó la mañana del viernes 14 de noviembre desde Palacio Nacional.

Todo es dentro del marco de la ley. Aquí no hay autoritarismo, afirmó. Y un momento después lanzó la frase que marcaría el tono del día:

“No es consigna, es justicia”.

Un conflicto que comenzó mucho antes de la 4T

En su relato, Sheinbaum insistió en algo que consideró clave para entender el caso:

Los litigios contra las empresas de Grupo Salinas no nacieron con López Obrador ni con su gobierno. Según explicó, los ejercicios fiscales reclamados por el SAT se remontan a años previos a 2018, mucho antes de la Cuarta Transformación.

La presidenta detalló que los procesos ya tenían historia y resoluciones previas, incluso antes de que los casos llegaran a la Corte. Otros tribunales ya habían rechazado las solicitudes de Grupo Elektra y TV Azteca. Lo que hizo la SCJN, subrayó, fue simplemente confirmar que esos amparos no eran procedentes, porque no tenían relevancia constitucional.

“Estos casos no debieron siquiera ser admitidos en la Corte”, dijo, al señalar que los recursos habían sido congelados durante años pese a que los criterios previos eran contundentes.

Cómo llegó la Corte a desechar los siete recursos

Sheinbaum relató que la Corte revocó los acuerdos que habían permitido que los recursos siguieran vivos, y finalmente desechó los siete amparos promovidos por Grupo Salinas.

Lo que hace la Corte es desechar siete recursos, los desecha, dijo con énfasis.

Explicó también el procedimiento: primero el SAT notifica; si el contribuyente paga, ahí acaba el asunto. Si no paga, se activan procesos jurídicos que pueden derivar en resoluciones como la que hoy enfrenta el grupo empresarial.

La presidenta insistió en que, contrario a lo que acusan en redes, no hubo presiones ni autoritarismo, sino la culminación de un entramado legal que lleva más de 15 años.

La postura de Grupo Salinas: persecución política y cobros dobles

Horas después del fallo, Grupo Salinas publicó un comunicado en el que anunció que acudirá a instancias internacionales, pues consideró que la Corte avaló cobros dobles inconstitucionales, multas desproporcionadas y una presunta persecución política contra el empresario.

“El silencio administrativo del SAT y la dilación de nuestros procesos solo confirma la consigna”, acusó el grupo, que aseguró que la resolución afecta no solo a sus empresas, sino a la confianza empresarial del país.

El monto de los créditos fiscales impugnados asciende a 33 mil 477 millones de pesos, cifra que, con recargos y multas acumuladas a lo largo de los años, se ha multiplicado, según la propia presidenta.

SAT, deuda y proceso pendiente

Sheinbaum recordó que el cálculo final de la deuda corresponde al SAT, una vez que la Corte ya emitió sentencia definitiva.

También subrayó que, conforme al Código Fiscal, existen beneficios para regularizar pagos, pero si el empresario decide no cubrir los montos, el procedimiento será “largo”.

Para dimensionar, Sheinbaum puso un ejemplo:

“Tres mil millones de pesos es el presupuesto de Caminos Artesanales; si la deuda es de 30 mil, es diez veces ese presupuesto”.

Agregó que las multas crecen cada año que el pago no se realiza:Mientras más te tardas en pagar, más multas hay”.

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El mensaje final: no hubo consigna

Cerca del cierre de su explicación, Sheinbaum reiteró lo que considera el punto central del caso:

La Corte no actuó por consigna ni por mandato político.

Los amparos tenían años congelados, estaban previamente rechazados y carecían de elementos constitucionales. La resolución, concluyó, no se trata de un castigo político, sino del final de un proceso que comenzó hace década y media:

“No es consigna, es justicia”-

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