Las pistas que revelan el trasfondo del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan: las piezas del rompecabezas
El caso que sacude a Michoacán: la cadena de poder criminal detrás del asesinato del alcalde Carlos Manzo y "El Cuate"
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no fue un hecho aislado ni un ataque al azar. Fue la culminación de una serie de choques directos entre el gobierno municipal y la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las fuerzas más violentas y expansivas del país.
A continuación, las pistas —una a una— que revelan cómo se tejió este crimen político en pleno Día de Muertos, frente a cientos de familias, en la plaza principal.
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Pista 1: El enemigo ya estaba identificado
Meses antes del ataque, Manzo tocó una de las fibras más sensibles del CJNG. En agosto, la policía municipal detuvo a René Belmonte, “El Rino”, señalado como jefe de plaza y pieza clave en el esquema de extorsión contra pequeños y medianos productores de aguacate.
Ese golpe hirió directamente las finanzas criminales de la región —y encendió las alarmas del cártel.
Pista 2: Una estructura criminal con nexos políticos
“El Rino” era considerado subordinado de Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como “R1” y “R2”, operadores históricos del CJNG con vínculos políticos en administraciones estatales pasadas.
Esa red conecta a criminales con estructuras públicas y revela el alcance del poder que Manzo decidió enfrentar, según El País.
Pista 3: Una advertencia pública de violencia
El mismo día de la captura de “El Rino”, el alcalde publicó un mensaje de alerta: pidió a la población resguardarse porque pistoleros intentarían entrar a la ciudad para vengarse.
La violencia escaló de inmediato. Hubo ataques contra policías y la amenaza dejó de ser rumor para convertirse en realidad.
Pista 4: El pedido de ayuda que nunca llegó
Manzo no actuó solo. Documentó operativos, decomisos y detenciones; incluso solicitó apoyo estatal y federal para proteger Uruapan.
La respuesta no llegó en la dimensión requerida.
Expertos como David Saucedo, especializado en seguridad, afirman que la administración municipal quedó vulnerable, pese a una ola criminal que ya sumaba siete alcaldes asesinados y más de 60 funcionarios municipales ejecutados en Michoacán durante el actual gobierno estatal.
Pista 5: La operación kamikaze
La mañana del ataque, el joven sicario —Osvaldo Gutiérrez Vázquez, “El Cuate”, de apenas 17 a 19 años— llegó a Uruapan, se hospedó en un hotel del centro y compró artículos en comercios cercanos.
Horas después, vestido con sudadera blanca, cruzó entre familias y turistas en el Festival de las Velas, y disparó siete veces contra el alcalde. Uno de los tiros dio en el abdomen. Fue abatido en el lugar por escoltas.
Practicó un método que expertos llaman “magnicidio kamikaze”: la misión se ejecuta aun sabiendo que el atacante morirá en el acto.
Pista 6: El rastro del arma y la droga
Autoridades confirmaron que el sicario consumió metanfetamina y marihuana antes del atentado y que el arma calibre 9mm estaba relacionada con dos homicidios previos ocurridos en octubre.
La violencia no fue improvisada; el arma hablaba por sí sola.
Pista 7: Los nexos familiares con el CJNG
“El Cuate” habría sido familiar de Omar Farías Chávez, “El Prángana” / “El Fénix”, operador del CJNG vinculado con el clan de las 3R —la misma red en la que figuran los hermanos Álvarez Ayala.
La ejecución del alcalde apunta a una estructura criminal con décadas de arraigo en Michoacán y vínculos con cárteles y figuras políticas.
Pista 8: Una señal para los gobiernos que se resisten
El especialista en seguridad David Saucedo lo sintetiza: el crimen tuvo un mensaje claro para municipios que no cedan al control criminal.
“Carlos Manzo decidió resistir. Y eso le costó la vida.”
El CJNG habría exigido control de áreas estratégicas del ayuntamiento —policía, tránsito, fiscalización, obras públicas. Manzo se negó.
Y documentó públicamente esa resistencia.
Pista 9: La investigación sigue abierta
La Fiscalía informó que hay más de 40 estudios periciales y que habría al menos una persona más involucrada, además de los autores intelectuales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció participación del crimen organizado, pero evitó nombrar al grupo implicado.
Un asesinato político que rompe el silencio
No es solo la muerte de un alcalde. Es un mensaje en una región donde el control territorial, económico y político se disputa día a día.
Un recordatorio —crudo y urgente— de que gobernar sin ceder al crimen organizado en México se ha convertido en una sentencia de muerte.
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