Prestanombres, empresas fachada y lavado de dinero: parte de la red de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) destapó una red de contrabando de hidrocarburos conocida como “huachicol fiscal”, en la que están implicados altos mandos de la Marina, funcionarios de aduanas, empresarios del norte del país y operadores ligados al crimen organizado. El caso, que ha derivado en 14 detenciones, incluye el uso de buques, empresas fachada y una compleja estructura financiera para lavar dinero procedente del robo de combustible.

Entre los principales señalados se encuentra Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, considerado uno de los operadores clave en el ingreso de combustible ilegal a través de puertos marítimos, en colusión con funcionarios públicos. La FGR obtuvo órdenes de aprehensión en su contra dentro de las causas penales 79/2025 y 216/2025. Actualmente se encuentra prófugo y, debido a su doble nacionalidad, se solicitó apoyo a Estados Unidos para su localización.

Según la investigación, empresas como Mefra Fletes y Autolíneas Roca, registradas en Nuevo León, fungían como fachadas para descargar hidrocarburos de procedencia ilícita en puertos como Altamira y Tampico, Tamaulipas. Ambas compañías comparten accionistas y representantes legales, entre ellos Héctor Manuel Portales Ávila, ligado también a Servicios Portales Avante.

Mefra Fletes fue constituida en 2015 por Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jesús Guillén Chávez, presuntos prestanombres. Ambos negaron cualquier conocimiento de la empresa durante diligencias ministeriales. Salas declaró trabajar como ayudante de carpintería en Tonalá y no tener recursos para constituir una empresa. Guillén fue reportado como expulsado del domicilio familiar por problemas de alcoholismo.

La empresa cambió de manos en 2019, quedando en propiedad de José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Roberto Blanco Cantú. Desde abril de este año, su domicilio fiscal en San Pedro Garza García está abandonado, lo que reforzó la hipótesis de evasión de la justicia por parte de los accionistas.

El caso se agrava por los vínculos con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyas operaciones presuntamente eran facilitadas por funcionarios de la Secretaría de Marina y del sistema aduanero. La causa penal 216/2025 incluye elementos que justifican el traslado de los imputados a un penal de máxima seguridad, ante el riesgo que representan por sus conexiones criminales.

Red de funcionarios y lavado de dinero

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT documentaron una red de corrupción integrada por mandos de la Marina y funcionarios de aduanas, apodada Los Primos. Esta estructura operaba desde hace al menos cinco años en puntos estratégicos del país, manipulando operaciones en aduanas y puertos para introducir hidrocarburos ilegales.

Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, contralmirante y vicealmirante respectivamente, fueron acusados por la FGR de encabezar esta red. De acuerdo con el expediente 305/2025, utilizaron sus cargos para controlar el ingreso de buques y facilitar operaciones ilícitas. El vicealmirante Farías realizó millonarias transferencias bancarias y adquirió propiedades mediante el uso de aseguradoras para lavar dinero. Su hermano Manuel fue detenido, mientras que Fernando permanece prófugo, al igual que su presunto operador, el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, señalado por entregar sobornos y operar en casinos y casas de apuestas.

Buques con armas, diésel y millones en pérdidas

Uno de los casos más graves fue la incautación del buque Challenge Procyon en Altamira, donde fueron asegurados 10 millones de litros de diésel, armamento, vehículos y casi 200 contenedores. Según las autoridades, esta embarcación es parte de la flota utilizada por el grupo criminal para traficar combustible y armas.

La FGR estima que las pérdidas fiscales derivadas del huachicol fiscal ascienden a cientos de miles de millones de pesos anuales. Los implicados utilizaban documentos aduanales manipulados y rutas marítimas internacionales para encubrir la verdadera naturaleza de la carga.

La red criminal también se valía de la intimidación y del uso del aparato institucional para garantizar impunidad. Hasta el momento, al menos siete personas relacionadas con la investigación han muerto en circunstancias violentas o sospechosas, entre ellas mandos navales y exfuncionarios aduanales.

Una mancha para la Marina

Este escándalo representa un golpe sin precedentes para la Secretaría de Marina, una institución que durante años fue vista como bastión contra la corrupción. Hoy, aparece en el centro de una de las tramas de crimen organizado más complejas de los últimos tiempos en México.

La FGR continúa con la ejecución de órdenes de aprehensión, mientras busca desmantelar por completo esta red que, por años, controló aduanas, puertos y flujos millonarios de combustible ilegal.

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