SCJN declara inconstitucional el cobro del 2% a apps de reparto en CDMX
La SCJN invalida el cobro del 2% a apps de reparto en CDMX por considerarlo un impuesto fuera de la competencia del Congreso local
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el cobro del 2% impuesto a plataformas de reparto digital (delivery food) por el uso de la infraestructura pública de la Ciudad de México, en una resolución que podría influir en otros casos similares pendientes.
Con tres votos a favor y uno en contra, la Segunda Sala de la SCJN concedió un amparo a la empresa Cargamos Mobility, invalidando el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la CDMX, que fue impulsado en 2021 durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.
Los ministros que integraron la mayoría, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat, concluyeron que el cobro no puede considerarse un simple “aprovechamiento” por el uso de calles y avenidas, sino que constituye en realidad un impuesto sobre ingresos derivados de comercio electrónico, materia que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Por lo tanto, el Congreso capitalino carece de facultades legales para imponer este tipo de cargas fiscales, afirmaron los jueces en la resolución del amparo en revisión 392/2023.
Impacto en otras plataformas como Uber Eats y Didi
Aunque el fallo no sienta jurisprudencia obligatoria, podría influir en otros litigios pendientes, como el amparo presentado por Uber contra el mismo artículo. La decisión marca un precedente relevante en la regulación fiscal de las plataformas digitales de reparto, especialmente en un contexto de crecimiento del comercio electrónico tras la pandemia de COVID-19.
En una medida poco habitual, el ministro presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek, asumió directamente la redacción de la sentencia final, en lugar de devolver el caso para un nuevo proyecto. Se trata del primer amparo concedido contra el polémico cobro del 2%.
Divergencia con el proyecto de Esquivel Mossa
El proyecto original, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, proponía negar el amparo al argumentar que el cobro respondía al uso intensivo de la infraestructura urbana por parte de estas plataformas durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, su propuesta solo obtuvo su propio voto a favor.
La ministra Margarita Ríos Farjat, integrante de la Primera Sala, fue convocada para romper un empate previo y su voto fue decisivo para formar mayoría en favor del amparo.
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