Segob aclara que FGR citó como testigos a Rocha Moya y Maru Campos; descartan motivos políticos

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios y exfuncionarios de Chihuahua y Sinaloa forman parte de procedimientos ministeriales ordinarios y que las comparecencias se realizan en calidad de testigos.

La aclaración ocurrió luego de que se confirmara que diversas autoridades estatales fueron llamadas a rendir entrevistas ante el Ministerio Público Federal dentro de investigaciones abiertas por la autoridad federal. A través de un posicionamiento oficial, la dependencia federal sostuvo que las actuaciones de la FGR se desarrollan con apego a la ley y bajo los principios de autonomía constitucional, por lo que rechazó que exista algún interés político detrás de las diligencias realizadas en ambas entidades.

La polémica surgió después de que la Fiscalía confirmara este sábado la emisión de citatorios relacionados con investigaciones federales en curso tanto en Sinaloa como en Chihuahua. En el caso sinaloense, las indagatorias están vinculadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de esa entidad, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Mientras tanto, en Chihuahua, la investigación federal está relacionada con el caso del presunto narcolaboratorio descubierto en la entidad y con la presencia de agentes estadounidenses durante el operativo. La Fiscalía indicó que las personas citadas deberán rendir entrevistas ministeriales para avanzar en las líneas de investigación abiertas por la dependencia.

Maru Campos y Rocha Moya deberán comparecer ante la FGR

De acuerdo con la información oficial, las comparecencias tienen como objetivo recabar testimonios y elementos que permitan fortalecer las investigaciones en curso. La Segob enfatizó que las diligencias ministeriales no implican, por sí mismas, responsabilidad penal contra quienes fueron llamados a declarar.

“La Fiscalía General de la República es un órgano constitucional autónomo y sus actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley”, señaló la dependencia federal en el posicionamiento difundido este sábado. La aclaración ocurrió en medio de un escenario de tensión política provocado por las investigaciones abiertas en ambos estados y por las acusaciones que surgieron desde autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos.

El caso de Sinaloa tomó mayor relevancia luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York revelara acusaciones contra varios ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Entre las personas mencionadas aparece el nombre de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo de gobernador mientras avanzan las investigaciones. Además de él, también fueron señalados otros funcionarios y exfuncionarios relacionados con administraciones estatales y municipales de la entidad. La Fiscalía mexicana confirmó que las entrevistas ministeriales buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las indagatorias relacionadas con ese expediente.

Segob insiste en que la FGR actúa con autonomía

Dentro de las investigaciones abiertas en Chihuahua, la FGR también confirmó que la gobernadora Maru Campos fue citada a comparecer como testigo, junto con el exfiscal general del estado.

Las diligencias forman parte de la investigación relacionada con el hallazgo de un presunto narcolaboratorio y con la participación de agentes estadounidenses durante el operativo realizado en territorio chihuahuense. Hasta ahora, las autoridades federales no han detallado la fecha exacta en que se desarrollarán las entrevistas ministeriales ni los temas específicos que serán abordados durante las comparecencias.

En el caso de Sinaloa, la Fiscalía llamó a rendir entrevistas ministeriales a diversos funcionarios señalados dentro de las investigaciones relacionadas con las acusaciones presentadas en Estados Unidos.

Entre los nombres mencionados públicamente se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza. Ambos confirmaron públicamente que acudirán a comparecer ante las autoridades federales para atender los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República.