Serían 14 los mineros desaparecidos en Sinaloa: nuevos detalles revelan la magnitud del secuestro

La crisis por la desaparición de trabajadores mineros en Sinaloa escaló en las últimas horas. Lo que inicialmente fue reportado como el secuestro de 10 trabajadores, hoy apunta a una cifra mayor: al menos 14 personas habrían sido privados de la libertad el mismo día, el 23 de enero de 2026, en el municipio serrano de Concordia, al sur del estado.

La información, confirmada por familiares, organizaciones civiles y autoridades locales, revela que cuatro de los desaparecidos fueron levantados en un mismo punto, cuando se encontraban en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a unos 40 minutos de Mazatlán. Los desaparecidos son empleados de empresas privadas de servicios mineros y de la minera canadiense Vizsla Silver Corp., además de personal de seguridad.

El caso de Pablo Osorio y el llamado a instancias internacionales

Uno de los casos que ha cobrado especial relevancia es el de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, quien realizaba su residencia profesional en la empresa CICAR S.A. de C.V. cuando desapareció.

Su familia, junto con activistas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), solicitó formalmente la intervención urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el temor de que el caso quede impune.

De acuerdo con los testimonios, Pablo y otras 13 personas fueron secuestradas la mañana del 23 de enero, cuando esperaban transporte para iniciar su jornada laboral.

Lo que se sabe del secuestro

Las víctimas, en su mayoría ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad, habían salido del campamento donde se hospedaban en el fraccionamiento La Clementina, para dirigirse a su lugar de trabajo.

Una familiar relató que la última comunicación con uno de los trabajadores ocurrió la noche del jueves 22 de enero; al amanecer del viernes, los teléfonos dejaron de responder.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió la denuncia formal el 24 de enero y abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares. Desde entonces, se activaron protocolos de búsqueda en coordinación con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, sin que hasta ahora se haya reportado la localización de los trabajadores.

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La tensión aumentó cuando se confirmó que no eran solo diez, sino al menos catorce personas desaparecidas el mismo día, una revelación que modificó la dimensión del caso. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México informó el 28 de enero que ya mantenía contacto con autoridades estatales para exigir acciones inmediatas.

Ese mismo día, Vizsla Silver reconoció públicamente el secuestro de una decena de personas vinculadas a su proyecto y anunció la suspensión parcial, y posteriormente total, de actividades en el proyecto Pánuco, ante la falta de condiciones de seguridad.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la compañía están trabajando activamente”, señaló la empresa en un comunicado.

Zona en disputa y control criminal

El secuestro ocurrió en una región catalogada por autoridades y especialistas como territorio en disputa entre grupos del crimen organizado. Testimonios recabados por medios nacionales señalan que comunidades enteras en la sierra de Concordia han sufrido desplazamientos forzados, desabasto de alimentos, cortes de energía eléctrica y ausencia de servicios básicos.

Fuentes de inteligencia federal han señalado como principales sospechosos a grupos vinculados con la facción de “Los Chapitos”, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.

Despliegue militar sin precedentes

Ante la presión social y mediática, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció el reforzamiento del operativo de búsqueda, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla.

A partir del domingo 1 de febrero, se desplegaron 1,190 elementos federales en la zona:

• 800 soldados del Ejército Mexicano

• 270 integrantes de Fuerzas Especiales

• 100 efectivos de la Guardia Nacional

• 20 agentes ministeriales

El operativo incluye tres helicópteros artillados, dos aviones T-6C Texan y un Boeing 737 de transporte pesado, con tecnología de rastreo y reconocimiento aéreo. Las autoridades reconocen que la geografía accidentada de la zona de Pánuco es uno de los principales obstáculos.

Quiénes son los mineros desaparecidos

Con base en fichas oficiales y datos difundidos por familiares, las personas privadas de la libertad el 23 de enero incluyen:

• José Ángel Hernández Vélez

• Ignacio Aurelio Salazar Flores

• Francisco Antonio Esparza Yáñez

• José Antonio Jiménez Nevárez, coordinador operativo de seguridad

• José Manuel Castañeda Hernández, geólogo

• Saúl Alberto Ochoa Pérez, 39 años, originario de Meoqui, Chihuahua

• Antonio de la O., supervisor de medio ambiente

• Javier Emilio Valdez Valenzuela, guardia

• Javier Guillermo Vargas Valle, guardia

• Miguel Tapia Rayón, de 40 años

• Pablo Osorio Sánchez, 26 años, ingeniero civil

Algunos de ellos ya cuentan con fichas oficiales de búsqueda emitidas por las comisiones de Sinaloa y Chihuahua.

Un caso que pone en jaque a la minería en México

La suspensión de operaciones de Vizsla Silver no solo dejó sin empleo temporal a cientos de trabajadores locales, sino que volvió a evidenciar la crisis de seguridad en las zonas mineras del país y la dificultad para garantizar la inversión extranjera.

A más de una semana del secuestro, no ha habido exigencias de rescate ni contacto por parte de los captores, un silencio que incrementa la angustia de las familias y mantiene en vilo a toda la región.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que la búsqueda continuará de manera permanente, bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los Derechos Humanos. El reto, advierten especialistas, será obtener resultados sin profundizar el impacto sobre comunidades civiles que ya viven bajo el asedio del crimen organizado.

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