Tribunal Electoral cierra caso Pío López Obrador: ¿qué hay detrás de los videos con “sobres amarillos”?

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió cerrar de manera definitiva el caso conocido como el de los “sobres amarillos”, en el que se señalaba a Pío López Obrador por presuntos recursos en efectivo vinculados a actividades políticas.

La decisión fue aprobada por unanimidad de los magistrados de la Sala Superior, quienes respaldaron el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto.

Con esta resolución, el tribunal confirmó que no existen elementos suficientes para acreditar que el dinero entregado haya sido utilizado para financiar campañas electorales, particularmente las relacionadas con Morena o el proceso presidencial de 2018. El fallo también ratifica lo previamente determinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya había exonerado a los involucrados en 2025.

Tribunal respalda al INE y descarta pruebas concluyentes

Durante la sesión del 18 de marzo de 2026, los magistrados analizaron una impugnación que buscaba reabrir el caso y profundizar en la investigación. Sin embargo, el tribunal concluyó que la autoridad electoral ya había realizado un proceso exhaustivo, en el que se recabaron datos, testimonios e información de distintas instituciones.

El proyecto aprobado señala que los videos y fotografías difundidos, en los que se observa la entrega de dinero en efectivo, no cuentan con valor probatorio suficiente para demostrar un uso ilícito de recursos o su destino hacia campañas políticas. En ese sentido, el TEPJF determinó que no hay evidencia que vincule directamente el dinero con actividades electorales.

Asimismo, los magistrados consideraron que no se acreditaron las irregularidades denunciadas por actores políticos, quienes solicitaban una investigación más amplia. Con ello, el tribunal desechó la posibilidad de reabrir el expediente y confirmó el cierre del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización electoral.

Este caso se originó tras la difusión, en 2020, de grabaciones en las que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, entonces funcionario público. A partir de ese momento, se inició una investigación para determinar si dichos recursos estaban relacionados con financiamiento político.

Un caso que marcó agenda desde 2020

Desde su difusión, el caso generó debate público sobre el origen y destino de los recursos. En su momento, David León señaló que el dinero entregado correspondía a aportaciones personales, mientras que Pío López Obrador negó que los recursos tuvieran relación con campañas electorales.

Durante el proceso, la Unidad de Fiscalización del INE solicitó información a diversas instituciones para rastrear el origen y posible uso del dinero. Sin embargo, las autoridades no lograron establecer una trazabilidad clara de los recursos ni confirmar su utilización en actividades políticas.

En agosto de 2025, el INE determinó que no había pruebas suficientes para sancionar a Morena ni a los involucrados, al no acreditarse un esquema de financiamiento paralelo. Esta conclusión fue retomada por el TEPJF, que ahora ratifica esa decisión como definitiva.

El expediente, identificado como SUP-RAP-1316/2025, buscaba que el tribunal ordenara nuevas diligencias, pero la Sala Superior concluyó que la investigación previa cumplió con los criterios de exhaustividad y legalidad.

Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y  el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.