¿Quiénes son los Hysa? La poderosa familia albanesa acusada de lavar millones para el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos sancionó a 27 personas y empresas vinculadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa, una red albanesa que habría lavado millones de dólares para el narco
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), una red de origen albanés que, según las autoridades, lavó ganancias del narcotráfico del Cártel de Sinaloa mediante establecimientos de juego, restaurantes y empresas ubicadas en México.
La operación, coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y el Gobierno de México, derivó en 27 sanciones dirigidas a personas y entidades vinculadas con esa estructura delictiva.
“El mensaje es claro: quienes apoyen a los cárteles rendirán cuentas”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
¿Quiénes son los Hysa y cómo operaban?
Según el Departamento del Tesoro, el grupo fue encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, todos de origen albanés, con presencia en México, Canadá, Estados Unidos y Europa. Esta red habría operado “con el consentimiento” del Cártel de Sinaloa, que controla gran parte del territorio donde desarrollaban sus actividades.
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El esquema financiero incluía:
Movimiento de grandes sumas de efectivo desde México hacia Estados Unidos.
Lavado de dinero mediante casinos, restaurantes y empresas fachada.
Uso de compañías en Europa para legitimar recursos provenientes del narcotráfico.
Participación de socios mexicanos y estadounidenses para formalizar operaciones comerciales simuladas.
Documentos oficiales señalan que Luftar Hysa, considerado el miembro más visible, mantiene negocios en México y Europa y ha dado entrevistas públicas sobre sus actividades. Arben, Fatos y Fabjon habrían dirigido operaciones clave, incluidas transferencias masivas de efectivo y uso de casinos como centros de blanqueo.
Además, Ramiz Hysa habría supervisado el uso de restaurantes y establecimientos de juego como fachadas para disfrazar ganancias ilícitas.
Las empresas señaladas por EU
Entre las compañías sancionadas destacan:
Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.
Rosetta Gaming S.A. de C.V.
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
Cucina Del Porto S.A. de C.V.
Hysa Forwarders S.A. de C.V.
Las autoridades también identifican a Gilberto López López, notario mexicano, como colaborador cercano del grupo, y a Eselda Baku, hija de Ramiz, como integrante de la directiva de una de las empresas vinculadas.
Sanciones: casinos mexicanos en la mira
FinCEN propuso una “medida especial” para aislar a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense, al considerarlos puntos estratégicos en el lavado de dinero de la red Hysa.
Entre los establecimientos enlistados están:
Casino Mirage (Culiacán)
Palermo Casino (Nogales)
Midas Casino (Sonora y Sinaloa)
Estas medidas implican el bloqueo de activos, prohibición de operaciones financieras internacionales y restricciones para que instituciones estadounidenses procesen transacciones relacionadas con los involucrados.
Cualquier propiedad o interés en EU de las personas y empresas sancionadas queda automáticamente congelada.
¿Qué relación hay con el Cártel de Sinaloa?
El Tesoro estadounidense afirma que la red Hysa operaba bajo el consentimiento del Cártel de Sinaloa, facilitando el movimiento, ocultamiento y lavado de fondos derivados del tráfico de drogas.
Aunque no se revelaron los nombres de los operadores del cártel que colaboraban directamente con la familia albanesa, la investigación confirma que la organización funcionó como un brazo financiero especializado en blanquear capitales del narcotráfico.
Una de las mayores acciones bilaterales contra el crimen transnacional
El caso Hysa se perfila como una de las operaciones más amplias entre Estados Unidos y México contra una estructura delictiva transnacional con conexiones en América del Norte y Europa.
El Departamento del Tesoro subrayó que las sanciones buscan “generar un cambio de comportamiento”, aunque las personas afectadas tienen derecho a solicitar su eliminación de la lista negra mediante los procedimientos legales correspondientes.
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