“Es una pantomima”: Álvarez Icaza acusa imposición de Ernestina Godoy en la FGR

Alejandra Jiménez 3 diciembre, 2025

Advirtió que México corre el riesgo de profundizar una crisis de impunidad y subordinación del Ministerio Público al poder político

 ©Especial - El activista anticipó que el gobierno impondrá a Ernestina Godoy y alertó sobre un uso político de la justicia.

Durante su participación en Informativo NTR, Emilio Álvarez Icaza señaló que la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR significó “un desperdicio histórico”, pues, dijo, no consolidó una fiscalía autónoma sino un órgano subordinado al Ejecutivo.

Entregó la fiscalía a las manos de López Obrador. Su gestión estuvo caracterizada por silencios, ausencias y sumisión”, afirmó. Recordó que el exfiscal encabezó la transición de la Procuraduría General de la República a la FGR, pero “el cambio quedó solo en palabras, no en conceptos”.

El activista lamentó que casos emblemáticos –como Ayotzinapa, la Línea 12 del Metro, el rancho Izaguirre y diversas investigaciones sobre crimen organizado– permanecieran “suspendidos”.

Designación del nuevo fiscal: “una simulación”

Álvarez Icaza cuestionó el proceso en el Senado, donde se integró una lista de diez personas aspirantes, “en su mayoría cercanas al gobierno”. Aseguró que todo apunta a que Ernestina Godoy será nombrada fiscal general.

Este proceso es una pantomima. Todo mundo sabe que la próxima fiscal será Ernestina Godoy”, dijo. Recordó que, como fiscal capitalina, la exfuncionaria tuvo bajo su responsabilidad investigaciones como la Línea 12, los feminicidios y las personas desaparecidas, sin que hubiera resultados sustanciales.

Incluso, apuntó que su llegada al puesto en 2018 ocurrió tras una modificación legal hecha “a modo”, lo que cuestiona su independencia.

“La fiscalía se usa para perseguir críticos, no criminales”

Recordó que en la Ciudad de México se utilizó el software Pegasus para espiar a opositores y contrincantes internos de Morena, entre ellos Ricardo Monreal, Santiago Taboada y otros actores políticos.

“En lugar de emplear la inteligencia del Estado contra la delincuencia, la usan contra opositores”, afirmó.

“Han utilizado la fiscalía para perseguir periodistas, amenazar empresarios, exhibir a jóvenes y señalar opositores, pero no para perseguir a narcos, asesinos y extorsionadores”.

Crisis de seguridad e impunidad

Álvarez Icaza advirtió que el país atraviesa un deterioro en percepción de seguridad, corrupción e impunidad, pese a que las estadísticas oficiales “maquillan” los datos mediante cambios metodológicos.

“Dicen que bajaron los homicidios, pero aumentaron dramáticamente las muertes sin aclarar y las personas desaparecidas”, expuso. Alertó que esta estrategia podría replicarse a nivel nacional.

“Morena controla todo… incluso el pacto con el narco”

El activista denunció un control total del partido en el gobierno sobre las instituciones:
“Ya son dueños de todo: la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial, los organismos autónomos, ahora la fiscalía… incluso el pacto con el narco”.

Señaló el caso de Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, a quien vinculó con la estructura criminal conocida como La Barredora, supuestamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Es una señal de descomposición”, alertó.

Economía en riesgo si continúa la inestabilidad jurídica

Álvarez Icaza advirtió que las reformas al Poder Judicial, los cambios en la Ley de Amparo y la falta de autonomía en la fiscalía podrían espantar la inversión y afectar el crecimiento económico.

“Si no hay crecimiento, no habrá empleo ni impuestos, y el gobierno se endeudará. Esa película ya la vimos y terminó muy mal”, sostuvo.

"La justicia puede ser uno de los temas más graves de la vida nacional. La gente está desesperada porque no hay protección: ni en carreteras, ni en negocios, ni en sus casas”.

Un futuro incierto para la justicia en México

El activista insistió en que el país enfrenta un momento crítico. Advirtió que la combinación de impunidad, uso político de la fiscalía y deterioro institucional podría generar mayor descontento social.

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