Ignacio Morales Lechuga: “La nueva Ley de Amparo fortalece al gobierno y debilita al ciudadano”

El exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, advirtió que la reforma a la Ley de Amparorecientemente aprobada por el Congreso reduce las garantías ciudadanas frente al poder del Estado y representa “un retroceso en la defensa de los derechos humanos”.

En entrevista con Guillermo Ortega para Informativo NTR, Morales Lechuga afirmó que la modificación legal, impulsada por el gobierno federal, “fortalece al gobierno y debilita la capacidad de defensa del ciudadano” ante abusos de autoridad.

“Perdemos eficacia en el instrumento más importante para salvaguardar los derechos humanos. El juicio de amparo pierde ejecutividad, porque ahora su cumplimiento dependerá de la autoridad responsable, que podrá alegar falta de recursos o imposibilidad material para obedecer una sentencia”, explicó el jurista.

“El amparo ya no protegerá al ciudadano”

Morales Lechuga detalló que, con la reforma, los jueces de distrito ya no podrán aplicar sanciones —como multas o destituciones— a funcionarios que desacaten una sentencia de amparo.

El exprocurador lamentó que la nueva ley también limite la posibilidad de acción de organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, como las que se han opuesto a proyectos como el Tren Maya, al exigirles demostrar un “daño material inmediato”.

Asimismo, señaló que los contribuyentes y acusados de delitos fiscales o financieros también perderán herramientas legales, pues el SAT tendrá una posición privilegiada frente a quienes impugnen liquidaciones o procedimientos.

“Se reduce el margen de defensa y aumenta la corrupción”

Para el exfuncionario, el cambio legal abre espacio a la discrecionalidad judicial y, con ello, mayores riesgos de corrupción.

“Cuando el arbitrio del juez se vuelve determinante, crece la posibilidad de que las resoluciones respondan a intereses particulares. Es una reforma desafortunada que no fortalece la justicia, sino la arbitrariedad”, señaló.

Morales Lechuga calificó la aprobación del artículo transitorio con tintes retroactivos como un punto especialmente preocupante. Según explicó, el nuevo esquema permitirá aplicar la ley reformada incluso en amparos en curso, dejando al criterio judicial la interpretación de sus efectos.

“Ya está instalado el autoritarismo”

Al ser cuestionado sobre si México se encuentra en la antesala del autoritarismo, el exprocurador fue contundente:

“El autoritarismo ya está instalado, con una máscara de democracia. Los poderes Legislativo y Judicial son obedientes al Ejecutivo. Es un gobierno autocrático, por no decir dictatorial, pero con fachada democrática.”

Morales Lechuga comparó el escenario actual con regímenes de América Latina como los de Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina o los Castro en Cuba, donde “el poder se concentra en una sola persona y se debilitan los contrapesos”.

“Menos amparos, menos justicia”

El abogado anticipó que, con la nueva legislación, habrá menos amparos y con menor eficacia, lo que obligará a los ciudadanos a acudir a instancias internacionales.

“Cuando se agote el principio de definitividad, no quedará otra opción más que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar restablecer el orden jurídico”, dijo.

Aunque reconoció un aspecto positivo —la fijación de un plazo de 60 días para resolver los juicios de amparo—, Morales Lechuga subrayó que en la práctica esos plazos rara vez se cumplen.

“De nada sirve un plazo si no se sanciona el incumplimiento. Sesenta días pueden volverse sesenta meses”, ironizó.

“Es una reforma contra el ciudadano”

El exprocurador concluyó que la reforma no mejora la justicia mexicana, sino que la subordina al poder político.

“El amparo existe para defender al ciudadano, no al gobierno. Pero esta ley cambia el sentido de esa protección. Es un golpe al Estado de derecho”, sostuvo.

Morales Lechuga consideró que la iniciativa favorece al Estado frente a presuntos evasores fiscales o personas que impugnen decisiones de autoridad, y que endurece la mano del gobierno contra quienes simplemente buscan defender sus derechos.

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