Ley de Amparo: 5 claves para entenderla
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo sin el artículo retroactivo, pero la oposición advierte riesgos para los derechos ciudadanos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.
La mayoría de los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, impulsaron la iniciativa pese a acusaciones de la oposición de “fraude parlamentario”.
La reforma busca actualizar el juicio de amparo, limitar su uso en casos fiscales, acelerar procesos judiciales y aclarar cómo se aplicarán las nuevas reglas a los juicios ya en curso.
La oposición ha señalado que podría interpretarse como una retroactividad encubierta, mientras el oficialismo asegura que protege la certeza jurídica y fortalece la defensa del erario y de los intereses colectivos.
Y es que durante el debate, los diputados eliminaron la primera versión del artículo transitorio que proponía aplicar la nueva ley de amparo retroactivamente a juicios ya en curso, pero luego, mediante reservas de último minuto, reincorporaron una versión del artículo 3º transitorio con cambios específicos.
La versión final aprobada establece que los actos jurídicos ya concluidos continuarán bajo la ley anterior, y solo las actuaciones futuras dentro de esos mismos procesos deberán regirse por la nueva norma. Es decir: no habrá retroactividad plena, pero sí habrá aplicación de la reforma a etapas posteriores.
5 claves sobre la reforma a la Ley de Amparo
1-Artículo 3º transitorio
El artículo 3º transitorio establece que los actos jurídicos y juicios de amparo iniciados antes de la entrada en vigor de la reforma seguirán regidos por la ley vigente al inicio del proceso. Las actuaciones futuras dentro de esos mismos juicios se regirán por la nueva normativa. Con esto, el oficialismo busca evitar la retroactividad total.
2-Créditos fiscales
La reforma restringe el amparo en casos de créditos fiscales ya determinados. Esto significa que contribuyentes con adeudos firmes no podrán usar el juicio de amparo para retrasar pagos o liberar recursos bloqueados, buscando que se cumplan las obligaciones fiscales de manera más eficiente.
3-Garantías para la suspensión de actos fiscales
Para obtener la suspensión de un acto fiscal, la reforma establece que los contribuyentes deberán garantizar el interés fiscal mediante instrumentos financieros autorizados, como billetes de depósito o cartas de crédito.
La medida pretende proteger los recursos del Estado y evitar que los amparos se utilicen como herramienta de dilación.
4-Modificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
El tribunal ya no conocerá casos relacionados con créditos fiscales firmes ni sobre la prescripción de deudas determinadas. Con este cambio, se busca reducir la congestión de litigios prolongados y agilizar los procesos legales, enfocando al tribunal en casos aún no definidos o que requieran revisión.
5-Agilización de juicios y limitación de dilaciones
La reforma tiene como objetivo acelerar los procedimientos judiciales y administrativos, evitando que los amparos sean usados para prolongar indebidamente procesos legales, esto incluye ajustes para que los actos futuros dentro de los juicios existentes se resuelvan de manera más eficiente, sin afectar decisiones ya consolidadas bajo la ley anterior.
Iniciativa regesa al Senado
Aunque se discutió la posibilidad de reconocer el interés legítimo colectivo de comunidades indígenas y organizaciones civiles en temas ambientales, esta propuesta fue rechazada. La reforma, por lo tanto, se centra principalmente en juicios fiscales y en la eficiencia de los procedimientos legales, dejando sin cambios la participación de colectivos en la defensa de derechos colectivos.
Con la aprobación en lo particular, el dictamen será devuelto al Senado para su revisión final antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa genera debate sobre el equilibrio entre eficiencia judicial, protección de derechos individuales y fiscalización de recursos públicos.
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