A casi un mes del caso Concordia: secuestro de mineros, fosas clandestinas y familias que exigen justicia

El 26 de enero de 2026, un grupo de trabajadores mineros que laboraban en un proyecto operado por la empresa canadiense Vizsla Silver fue privado ilegalmente de la libertad por un comando armado en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Días después, la empresa confirmó que 10 colaboradores —entre ingenieros y personal de seguridad— habían sido secuestrados desde las instalaciones del proyecto, lo que activó protocolos de crisis y la suspensión parcial de actividades ante el clima de inseguridad en la región.

Desde ese momento, familiares comenzaron la búsqueda y exigieron a las autoridades la activación inmediata de operativos, denunciando que las primeras horas fueron cruciales y, según su testimonio, no se actuó con la rapidez necesaria.

¿Quiénes son las víctimas?

Las personas que desaparecieron son los ingenieros:

• José Ángel Hernández Vélez, 38 años.

• Francisco Antonio Esparza Yáñez, 65 años.

• José Manuel Castañeda Hernández, 35 años.

• Saúl Alberto Ochoa Pérez, 35 años.

• Antonio de la O Valdez, 30 años.

• Ignacio Aurelio Salazar Flores, 37 años.

• También de los proveedores de seguridad:

• José Antonio Jiménez Nevárez, 32 años.

• Javier Emilio Valdez Valenzuela, 40 años.

• Javier Guillermo Vargas Valle, 40 años.

• Miguel Tapia Rayón, 40 años.

Lugar donde operan Los Chapitos

El 30 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, designada como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos.

"Tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda", agregó el funcionario.

Posteriormente, el 3 de febrero, se informó sobre la detención de cuatro personas, quienes declararon que confundieron a los trabajadores con integrantes de un grupo criminal antagónico a Los Chapitos.

El hallazgo de fosas clandestinas en El Verde

Durante la primera semana de febrero, las labores de búsqueda en la comunidad de El Verde derivaron en el descubrimiento de una fosa clandestina con múltiples cuerpos.

Autoridades confirmaron posteriormente el hallazgo de 10 cadáveres en un mismo punto, de los cuales cinco fueron identificados como los trabajadores mineros reportados como desaparecidos.
Además, en días posteriores se localizaron al menos cuatro fosas adicionales con restos humanos en el mismo sector, lo que amplió la dimensión del caso y encendió nuevas alertas sobre la violencia en la zona.

La Fiscalía estatal informó que las búsquedas se realizaron en coordinación con fuerzas federales, mientras que la investigación fue atraída por la FGR, sin que hasta ahora se precise si continuarán excavaciones en el área donde podrían existir más restos.

Lo que dicen las familias: rechazo a la versión de “confusión”

Tras la confirmación del hallazgo sin vida de varios trabajadores, los familiares han cuestionado la narrativa oficial que atribuye el crimen a una presunta confusión entre grupos criminales.

En entrevistas públicas, deudos de las víctimas señalaron que los mineros portaban uniformes, herramientas y equipo visible de trabajo, por lo que consideran poco creíble que hayan sido confundidos con integrantes de una célula delictiva.

Para las familias, aceptar esa versión implicaría revictimizar a los trabajadores, quienes —afirman— eran civiles que realizaban su jornada laboral en una zona previamente señalada como de alto riesgo por la violencia.

¿Pudo evitarse la tragedia?

Según los testimonios recabados, las familias de los mineros sostienen que hubo señales de riesgo que no fueron atendidas a tiempo. Indican que la empresa suspendió sus actividades en abril de 2025 ante la crisis de seguridad en la zona; no obstante, las operaciones se reanudaron apenas un mes después, pese a que el entorno de violencia e incertidumbre continuaba.

Asimismo, señalan que durante septiembre y octubre de ese mismo año se registraron nuevos hechos de inseguridad, los cuales, a su consideración, evidenciaban que no existían condiciones adecuadas para retomar las labores con normalidad.

En ese contexto, acusan que, tras los reportes de emergencia realizados al 911, la Fiscalía de Sinaloa no reaccionó de forma inmediata. De acuerdo con las familias, esta falta de actuación contraviene los protocolos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que establecen la obligación de las autoridades de iniciar acciones de oficio ante una denuncia..

Detenciones y la línea del crimen organizado

El 3 de febrero se informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al caso, quienes habrían declarado que confundieron a los mineros con miembros de un grupo criminal rival.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en la región opera una célula ligada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque ocurrió en un territorio bajo disputa criminal.

Sin embargo, los familiares sostienen que esa explicación no es suficiente y piden que se investigue el contexto de extorsión y cobro de piso que, aseguran, afecta a la industria minera en distintas regiones del país.

Nuevas fosas y preguntas sin respuesta

Autoridades estatales confirmaron que, como parte de las búsquedas posteriores, se localizaron al menos cuatro fosas adicionales con restos óseos en la misma comunidad, lo que ha generado incertidumbre sobre la posible existencia de más víctimas.

La fiscalía local señaló que las labores continuarán en coordinación con instancias federales, siempre que existan solicitudes formales de familiares o colectivos de búsqueda.

El caso mantiene abiertas interrogantes clave: si hubo omisiones en las primeras horas tras el reporte al 911, si el móvil fue una represalia vinculada a extorsiones y si el número de víctimas podría aumentar conforme avancen las excavaciones.

Protestas, exigencia de justicia y crisis en el sector minero

El hallazgo de los cuerpos detonó movilizaciones en distintas entidades del país, donde trabajadores mineros, estudiantes y familiares exigieron justicia, seguridad laboral y el esclarecimiento total de los hechos.

Más de 800 personas marcharon en Hermosillo, mientras asociaciones mineras y organizaciones civiles pidieron la instalación de mesas de diálogo ante el aumento de riesgos en zonas de operación extractiva, consideradas objetivos del crimen organizado por su valor económico.

A casi un mes de la desaparición, el caso Concordia se ha convertido en un símbolo de la violencia que enfrenta el sector minero en México: una historia que comenzó con un secuestro colectivo y que hoy continúa marcada por fosas clandestinas, versiones encontradas y familias que insisten en que la verdad aún no ha sido esclarecida.

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