A un año del Rancho Izaguirre: CNDH detecta irregularidades y omisiones en investigación

Este 5 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por omisiones en el procesamiento de evidencias en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

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“A través del estudio y análisis de las evidencias que constan en el expediente de la queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía (FEJ) y del Instituto Forense (IJCF)”,señala el documento publicado por la CNDH. 

En las tres páginas del comunicado emitido, la CNDH señala actos irregulares. Detalla que el pasado 3 de octubre se instruyó al personal adscrito a la IJCF realizar una exploración exhaustiva del inmueble. Derivado de ello, se localizó un lote óseo y varios objetos; sin embargo, estos no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente.

Debido a esto, la comisión señala que el personal de la fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no llevó de manera integral el proceso técnico de los indicios localizados, especialmente en lo relativo a la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado.

Omisiones

De acuerdo con lo mencionado, esto resulta relevante si se toma en cuenta que existe un documento de mando y conducción desde el pasado 18 de septiembre de 2024, en el cual se establece que, en caso de encontrar indicios, se realizarían registros de inspecciones, aseguramientos y cadena de custodia. Sin embargo, la CNDH no encontró rastros de ello, lo que le permite hablar de omisiones.

En cuanto a los vehículos que fueron hallados, se menciona que no existen dictámenes que establezcan que estos fueron sometidos a un proceso técnico, integral, exhaustivo y detallado, por lo que se deduce que la fiscalía incumplió con su obligación.

Además, se indica que el 20 de septiembre se entregaron muestras biológicas encontradas en el inmueble, pero fue hasta marzo de 2025 cuando se compararon con el banco de datos familiares de personas desaparecidas, lo que constituye un retraso injustificado.

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