CDMX endurece castigo por despojo de inmuebles: hasta 22 años de cárcel

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia interinstitucional para frenar el despojo de inmuebles, delito que calificó como uno de los más “graves, dolorosos y estructurales” que enfrenta la capital. La nueva política pública incluye un paquete de reformas legales, penas de hasta 22 años de prisión sin derecho a fianza, y la creación de un gabinete especial de atención a víctimas.

“Es un delito que rompe comunidades, destruye hogares y se comete muchas veces contra personas en situación de vulnerabilidad”, afirmó la mandataria.

Gabinete especial y atención inmediata caso por caso

Durante la presentación oficial de la estrategia, Brugada anunció la formalización del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses. Este órgano está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, y tiene como tarea coordinar los esfuerzos institucionales para frenar el crecimiento de este delito.

Además, se estableció una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno, que tendrá la facultad de intervenir rápidamente en cada caso denunciado, brindar acompañamiento legal y proteger los derechos patrimoniales de las víctimas.

El gabinete cuenta con la participación del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, Protección Civil, la Consejería Jurídica y se sumará la Comisión de Derechos Humanos capitalina, con el fin de aplicar un enfoque de derechos.

Prisión sin fianza y penas más severas: las claves de la reforma

La estrategia contempla un paquete de reformas legislativas que será presentado en los próximos días ante el Congreso local, con los siguientes puntos clave:

• Aumento de penas: el delito de despojo pasará de tener una pena base de 6 a 11 años de prisión, a un máximo de 22 años cuando existan agravantes.

• Sin derecho a fianza: en los casos agravados, el castigo será de prisión preventiva oficiosa.

• Criterios agravantes: el uso de violencia, la afectación a personas vulnerables (adultos mayores, embarazadas, niños, pueblos indígenas), y la participación de funcionarios públicos, notarios o autoridades auxiliares.

También se tipificarán nuevas formas de simulación y engaño, como compraventas falsas, ocupaciones ilegales disfrazadas de litigios, y falsificación de documentos ante notarios, que actualmente no están contempladas de forma efectiva en la ley.

“Estas reformas buscan no solo castigar con mayor severidad, sino prevenir que el despojo se consolide legalmente. Por eso proponemos medidas cautelares para proteger a las víctimas desde el primer momento en que se detecta el riesgo”, explicó Brugada.

Campaña ciudadana contra fraudes inmobiliarios

La estrategia integral también incluye una campaña de educación legal y prevención ciudadana, mediante la cual se difundirán alertas, consejos y herramientas para que la población pueda:

• Identificar trámites irregulares.

• Evitar fraudes inmobiliarios.

• Exigir documentos legítimos.

• Denunciar ocupaciones ilegales de inmediato.

Esta campaña buscará llegar a zonas de alto riesgo, con mayor concentración de denuncias, y será difundida en medios tradicionales y plataformas digitales.

Incremento preocupante de casos en 2025

Por su parte, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior.

Las alcaldías con mayor incidencia son:

• Iztapalapa

• Cuauhtémoc

• Gustavo A. Madero

Además, la Fiscalía indicó que se han detectado redes criminales organizadas, muchas veces ligadas a corrupción de autoridades, que operan de forma sistemática para despojar inmuebles y legalizar la ocupación a través de vacíos jurídicos.

¿Qué contempla la nueva legislación propuesta?

• Prisión de 6 a 11 años por despojo simple.

• Hasta 22 años de cárcel sin fianza en casos con agravantes.

• Castigo a servidores públicos, notarios y agentes que colaboren en simulaciones.

• Protección legal reforzada a grupos vulnerables.

• Intervención inmediata de una unidad operativa especializada.

• Campaña de prevención y denuncia a nivel comunitario.

Una estrategia estructural para un delito estructural

Con estas acciones, la administración capitalina busca enviar un mensaje claro a las bandas de despojadores: el robo de inmuebles no quedará impune.

“No es justo que una familia pierda su hogar por culpa de una mafia o por una falsa compraventa. El derecho a la vivienda está por encima de los intereses ilegales”, concluyó Clara Brugada.

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