¿Por qué quieren desaparecer el Ayuntamiento de Juchitán? La captura del alcalde desata una crisis política y de seguridad

La detención del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel "N", desató una crisis en Oaxaca que en pocos días dejó investigaciones contra funcionarios y mandos policiales, la intervención de la seguridad municipal y hasta una petición para desaparecer el Ayuntamiento. Lo que comenzó como un proceso penal contra el presidente municipal ahora busca determinar hasta dónde pudo llegar una presunta red de protección a un grupo criminal dentro del gobierno local.

Miguel "N", conocido como “Quetu”, fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Junto con él fue capturado Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”, señalado como presunto integrante de Los Cromos, grupo al que las autoridades relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec.

¿Qué investigan contra el alcalde?

La Fiscalía de Oaxaca busca que Miguel "N" sea procesado por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Después de su captura fue trasladado al penal federal del Altiplano, mientras continúa el procedimiento judicial.

La investigación va más allá de una posible relación personal con integrantes de Los Cromos. Las autoridades indagan si desde estructuras municipales se habría proporcionado protección o información para facilitar las operaciones de la organización.

Una de las líneas apunta al posible uso de información obtenida mediante las cámaras del C2 municipal para conocer movimientos de corporaciones estatales y federales. Las acusaciones, sin embargo, permanecen sujetas al proceso judicial y deberán ser acreditadas ante un juez.

Los Cromos son relacionados por las autoridades con extorsiones, cobro de piso, homicidios, narcomenudeo y tráfico de personas, por lo que la posibilidad de que hayan tenido acceso a estructuras municipales amplió considerablemente las investigaciones.

Morena se deslinda y aparecen más funcionarios señalados

La captura también abrió un problema para Morena, partido con el que Miguel "N" llegó al gobierno mediante una candidatura común. Después del operativo, integrantes del movimiento respaldaron las investigaciones y marcaron distancia del alcalde.

El gobernador Salomón Jara aseguró que no habrá protección para ningún funcionario involucrado en actividades ilegales y confirmó que existen más servidores públicos bajo investigación.

Entre los casos que ya escalaron está el de John Kenny Moreno, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, detenido bajo señalamientos de presuntamente brindar protección a integrantes de Los Cromos.

La situación llevó además a autoridades estatales y federales a intervenir la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Policías, patrullas y armamento fueron concentrados para revisiones mientras fuerzas externas reforzaron la vigilancia.

El suplente tampoco asumió el gobierno

La detención abrió otra interrogante sobre quién gobernaría Juchitán. El relevo correspondía inicialmente a su suplente, Mariano Rosado López, pero éste no asumió inmediatamente la presidencia. Su domicilio también fue cateado durante los operativos. Rosado posteriormente confirmó la diligencia y habló de amenazas y presiones que habría enfrentado durante su paso por la administración pública.

También circularon versiones sobre una posible orden de aprehensión en su contra, aunque hasta el 25 de septiembre esa información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades de seguridad. La falta de un relevo inmediato profundizó la incertidumbre y abrió la posibilidad de recurrir a una medida mucho más amplia.

Buscan desaparecer el Ayuntamiento de Juchitán

El giro más importante llegó este 25 de septiembre, cuando Jara anunció que solicitará al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán ante la crisis de gobernabilidad generada después de las detenciones.

La medida no significa desaparecer el municipio. Consiste en terminar anticipadamente con la integración actual del gobierno municipal y establecer un mecanismo temporal que permita mantener funcionando la administración.

El Congreso deberá analizar si existen las condiciones legales para aprobar la solicitud. Mientras eso ocurre, las investigaciones continúan en dos frentes distintos: el judicial, para determinar las responsabilidades del alcalde y otros posibles implicados, y el político, para definir quién gobernará Juchitán.

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