Cuál es el papel de Cuauhtémoc Blanco en el caso Samir Flores y por qué exigen investigarlo

Los gritos de “Samir vive” y “asesino” que recibió Cuauhtémoc Blanco cuando se dirigía al partido entre México e Inglaterra reactivaron una pregunta que lleva años alrededor del exgobernador de Morelos. Los manifestantes le reclamaron por el homicidio de Samir Flores Soberanes, defensor comunitario asesinado el 20 de febrero de 2019 frente a su casa en Amilcingo. Aquellas consignas representan una acusación de protesta y no una resolución judicial contra el exfutbolista.

Blanco no fue el acusado llevado a juicio en 2026 por ese crimen. El proceso oral se dirigió contra Javier “N”, señalado como presunto autor material y absuelto en marzo después de que el tribunal considerara insuficientes las pruebas para sostener su responsabilidad. El interés sobre el exmandatario nace en otro nivel del expediente, el de las posibles responsabilidades políticas, omisiones y autores intelectuales que la familia de Samir y el Frente de Pueblos reclaman investigar.

El asesinato ocurrió cuando Blanco gobernaba Morelos

Samir fue atacado pocos meses después de que Cuauhtémoc Blanco asumiera la gubernatura, en medio de un conflicto creciente por el Proyecto Integral Morelos, infraestructura que incluye termoeléctricas, gasoducto y acueducto. El comunicador comunitario era una de las voces más visibles contra el proyecto y había participado en actividades de oposición antes de ser asesinado.

Ese dato temporal, por sí solo, no convierte al entonces gobernador en responsable penal. También existe una distinción institucional importante. La investigación criminal quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada entonces por Uriel Carmona, organismo reconocido legalmente como autónomo y encargado de perseguir los delitos. Blanco, desde el Ejecutivo estatal, no era el fiscal ni dirigía formalmente la carpeta ministerial.

La familia y los compañeros de Samir sostienen, sin embargo, que la discusión no termina en quién integró mal el expediente. En febrero de 2026 volvieron a pedir que se examinara una posible responsabilidad u omisión de Blanco, junto con la actuación de Uriel Carmona y Hugo Eric Flores, porque consideran que quedaron actores políticos fuera del alcance de las pesquisas originales.

La frase de Blanco que abrió una pregunta sobre lo que sabía

Uno de los episodios más concretos ocurrió en septiembre de 2020. Blanco declaró que Uriel Carmona sabía quién había asesinado a Samir, pero que evitaba revelarlo por miedo. La frase quedó registrada cuando el homicidio llevaba más de un año sin una respuesta judicial sólida.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua reaccionó preguntando cómo podía el gobernador afirmar que el fiscal conocía al responsable. La organización planteó entonces una cuestión directa sobre el origen de esa información y pidió que Blanco aclarara qué sabía, por qué hablaba de miedo y si estaba dispuesto a declarar.

Ese episodio pesa en los reclamos actuales porque no fue una acusación formulada desde fuera del gobierno. Fue el propio Blanco quien dijo que el fiscal conocía al asesino. Para los compañeros de Samir, esa declaración ameritaba profundizar en el conocimiento que podía tener el mandatario sobre el crimen y sobre los actores capaces de intimidar al jefe de la Fiscalía.

Una narcomanta y los señalamientos entregados a la FGR

Otro episodio elevó las sospechas de las organizaciones. Después de que se difundiera una fotografía donde Blanco aparecía junto a figuras señaladas como líderes criminales de Morelos, una narcomanta colocada en Oaxtepec en 2022 lanzó amenazas contra el entonces gobernador y habló de revelar datos sobre la muerte de Samir si determinados “acuerdos” eran incumplidos. La manta también mencionó a Hugo Eric Flores. Su contenido constituye un mensaje atribuido a grupos criminales y no prueba por sí mismo la participación de Blanco en el homicidio.

La exigencia adquirió una dimensión formal en febrero de 2025, cuando organizaciones presentaron ante la Fiscalía General de la República una teoría del caso construida con indagatorias propias, documentos del expediente y trabajos periodísticos. El planteamiento pidió investigar a Blanco y a Hugo Eric Flores por presuntos vínculos con integrantes de Los Aparicio, grupo al que la investigación estatal atribuyó participación material en el asesinato. Se trata de señalamientos de las organizaciones promoventes, no de una sentencia judicial.

Dentro de esa exposición también se recordó la fotografía de Blanco con personajes ligados por autoridades y reportes periodísticos a estructuras criminales de Morelos. Los activistas sostienen que esas relaciones deben contrastarse con las redes que operaban en la región de Temoac y con los nombres surgidos de la carpeta. La imagen, aislada, tampoco demuestra una intervención en el crimen, pero forma parte del conjunto de elementos que el Frente pide revisar.

La investigación dejó fuera el motivo político del asesinato

Las críticas al expediente local cuentan con un antecedente institucional. La CNDH emitió la Recomendación 103/2022 por violaciones al acceso a la justicia y cuestionó que la Fiscalía de Morelos no hubiera explorado debidamente el activismo de Samir contra el Proyecto Integral Morelos como una línea prioritaria. En 2023, la FGR atrajo el asunto y lo llevó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

La absolución del único procesado en marzo de 2026 devolvió el expediente a un escenario todavía más complejo. La familia busca que la nueva etapa examine quién ordenó el asesinato y qué intereses pudieron verse afectados por la labor comunitaria de Samir. Entre los nombres que el Frente ha pedido revisar aparece Cuauhtémoc Blanco, junto con otros funcionarios, actores locales y figuras criminales mencionadas a lo largo de los años.

El papel de Blanco puede resumirse con precisión. Era gobernador cuando mataron a Samir, lanzó después una declaración que sugería conocimiento sobre lo que sabía el fiscal y ha sido incluido por familiares y organizaciones en solicitudes para investigar posibles responsabilidades u omisiones. Ninguna sentencia citada en el proceso de 2026 lo declaró autor del homicidio. La pregunta que persiste es si la FGR profundizará en esas vertientes y determinará si detrás de los reclamos existe responsabilidad penal o únicamente un señalamiento político acumulado durante siete años.

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