Despiden a maestro agredido en UPT tras denuncia de faltas graves

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en Hidalgo, anunció la baja definitiva del profesor Ángel Ramírez, quien el 25 de julio fue golpeado por un alumno dentro de un salón de clases, hecho que se viralizó en redes sociales y provocó una serie de investigaciones internas. La institución justificó la destitución al señalar que el docente incurrió en faltas graves contra los principios de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con el Comité de Ética y Conflicto de Interés, con apoyo del Órgano Interno de Control y representantes de la Contraloría estatal.

La agresión, grabada en video, mostró al estudiante Manuel propinando golpes y una patada a su maestro mientras le gritaba: “¡Vuélvete a burlar de mí!”. Según el joven, su reacción se debió a meses de burlas, comentarios racistas, humillaciones y exclusión de actividades académicas. El alumno afirmó que incluso se le negó presentar un examen por participar en un taller de defensa personal en el campus.

Pese a sus declaraciones, el 6 de agosto la UPT informó la expulsión definitiva de Manuel, señalando que no tolerará actos de violencia bajo ninguna circunstancia. De esta manera, la institución cerró el capítulo académico del estudiante, pero inició cambios internos para prevenir futuros casos similares.

Sanciones a otros docentes

Además de la baja de Ramírez, la universidad sancionó a otros dos profesores. Francisco F., acusado por alumnos de acoso y fraude, presentó su renuncia voluntaria, aunque continúa bajo un procedimiento administrativo en la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo. Nadia P., señalada por abuso de poder, gritos e intimidación, fue retirada de la docencia y reubicada en funciones administrativas.

Las decisiones fueron tomadas durante una sesión del Comité de Ética con la presencia de autoridades estatales. Las denuncias contra los tres docentes surgieron en mesas de trabajo con estudiantes, donde las autoridades recibieron un pliego petitorio.

Medidas y cambios institucionales

A raíz del caso, estudiantes y autoridades universitarias acordaron una serie de medidas: la actualización del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE) para incluir un módulo de denuncias de acoso con seguimiento confidencial, la creación de un Consejo Estudiantil con acompañamiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y la inversión de 1 millón 940 mil pesos en mejoras de aulas y laboratorios.

También se revisarán perfiles de docentes y administrativos como parte de una posible reingeniería institucional. Se diseñará un protocolo estatal de atención a denuncias de acoso y hostigamiento para toda la educación superior, y se convocará a la renovación del comité del “protocolo cero” para garantizar la protección de los denunciantes, incluyendo la separación temporal del señalado mientras se resuelve el caso.

Renovación de protocolos y supervisión estatal

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres, informó que la Unidad de Igualdad de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Salud Socioemocional participarán en la implementación de estos cambios. Además, se construirán lineamientos de promoción y permanencia docente con la supervisión de representantes sindicales.

La autoridad educativa también adelantó que el protocolo cero se someterá a una revisión integral y que, en adelante, cualquier denuncia será atendida de inmediato, activando mecanismos de protección para evitar represalias contra los denunciantes. Con estas acciones, la UPT busca garantizar un entorno educativo seguro y libre de violencia

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