Hallan más de 10 cuerpos de bebés en fosas clandestinas en Jojutla

La cuarta etapa de exhumaciones en las fosas del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, arrojó el hallazgo de más de 60 cuerpos, entre ellos al menos 10 y hasta 19 bebés, según informes del colectivo “Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla”. También fueron encontrados restos de más de 10 mujeres y al menos 13 fragmentos óseos sin identificar. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos por un riesgo estructural derivado de las lluvias provocadas por el huracán Erick, lo que mantiene en pausa la búsqueda y genera nuevas tensiones entre familiares y autoridades.

Esta jornada de exhumación, iniciada el 26 de mayo de 2025, representa la cuarta intervención en esta fosa común desde 2017, cuando organizaciones civiles y colectivos denunciaron por primera vez la inhumación irregular de cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos. En total, se han documentado más de 200 cuerpos inhumados de forma ilegal en el sitio desde entonces, aunque sólo dos han sido identificados oficialmente, lo que refleja la profunda crisis forense que enfrenta el estado.

Exhumaciones marcadas por omisiones y denuncias

Los trabajos de exhumación fueron suspendidos después de que un dictamen técnico de la Dirección General de Servicios Periciales detectó fracturas graves en el muro perimetral del panteón. La estructura, de 24.40 metros de largo y casi dos metros de alto, presentaba un tramo parcialmente colapsado, lo que representaba un riesgo crítico para el personal que trabajaba a profundidades de hasta 2.5 metros. Las autoridades recomendaron su demolición antes de reanudar la excavación.

Las exhumaciones se han llevado a cabo sin un registro claro de restos y con múltiples irregularidades. Según Amalia Alejandra Hernández Hernández, tía de una víctima e integrante del colectivo, se han cometido errores graves como etiquetar un cuerpo completo de bebé como “hueso disperso”, lo cual distorsiona el conteo real. También señaló que hay bolsas que contienen restos de más de una persona y embalajes incorrectos, lo cual complica la identificación forense.

“Queremos que el fiscal Edgar Maldonado Ceballos venga, vea cómo trabajamos y escuche directamente a las víctimas. No es lo mismo que le pasen una tarjeta informativa”, exigió Hernández en declaraciones a medios locales. La activista también denunció la ausencia de personal calificado, como antropólogos físicos o arqueólogos con cédula profesional adscritos a la FGE, así como la falta de la Guardia Nacional en jornadas clave, lo que imposibilita la recolección de muestras genéticas necesarias.

Exigen acompañamiento, certeza forense y justicia

Penélope Picazo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, reconoció que se analiza la posibilidad de una quinta etapa de intervención ministerial debido al número de cuerpos hallados durante esta cuarta fase. No obstante, colectivos como “Regresando a Casa Morelos” y “Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla” exigen que esta nueva jornada incluya la participación directa de asesores jurídicos y especialistas que brinden certeza técnica y acompañamiento digno a las familias.

Desde 2015, cuando fue revelada la existencia de una fosa común irregular en Tetelcingo, también en Morelos, se ha evidenciado un patrón de ocultamiento, omisiones e ineficiencia institucional. La fosa de Tetelcingo era de uso oficial: ahí se enterraban cuerpos no reclamados o no identificados. Sin embargo, la magnitud del hallazgo y el posterior descubrimiento de la fosa en Jojutla desataron una crisis de confianza que persiste hasta la actualidad.

El poeta y activista Javier Sicilia declaró: “Las fosas de Tetelcingo y Jojutla son la prueba de cómo el Estado es criminal. En esos lugares se confirma que también desaparece personas”.

Durante esta cuarta jornada de exhumaciones, los trabajos estuvieron encabezados por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada. No obstante, colectivos acusaron exclusión en la toma de decisiones, errores sistemáticos y una grave falta de certeza en el tratamiento forense de los cuerpos.

En entrevistas recogidas por medios como La Jornada y Proceso, integrantes del colectivo reiteraron que, pese a que las diligencias están avaladas oficialmente, la ausencia de protocolos claros, personal especializado y transparencia en el manejo de los restos obstaculiza seriamente el camino hacia la verdad y la justicia.

Actualmente, la FGE sostiene que se reunirá próximamente con los colectivos para analizar los resultados y definir una nueva fecha para reanudar las labores. Mientras tanto, los familiares exigen garantías, presencia institucional real y el cumplimiento de sus derechos como víctimas.

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