Esta es la denuncia que puso la hija de Carlota “N”, la "abuela sicaria", para acusar a los invasores
La autoridad no actuó por falta de documentación, y días después, dos personas fueron asesinadas durante un intento violento de recuperación del domicilio.
Una omisión institucional marcó el inicio de un conflicto que terminó en tragedia en el municipio de Chalco, Estado de México. A pesar de que la hija de Carlota “N” denunció una presunta invasión de inmueble ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad no actuó por falta de documentación, y días después, dos personas fueron asesinadas durante un intento violento de recuperación del domicilio.
La denuncia que no procedió
La hija de Carlota acudió a la FGJEM para reportar que un inmueble, ubicado en la calle Hacienda La Labor de la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, había sido ocupado ilegalmente. Sin embargo, al no presentar documentación que acreditara la propiedad, la denuncia no fue integrada formalmente y no se activó ningún procedimiento legal.
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Intento de mediación fallido
De acuerdo con algunas versiones, previo al ataque, la familia de Carlota solicitó el apoyo de policías municipales de Chalco para recuperar el inmueble de manera pacífica. No obstante, al carecer de orden judicial o pruebas legales, los agentes se retiraron sin intervenir, dejando la situación sin resolver. Este intento fallido ocurrió solo tres horas antes del tiroteo.
Más tarde, Carlota “N”, junto con Eduardo “N” y Mariana “N”, regresó al domicilio, donde se desató un enfrentamiento armado.
El saldo: dos muertos y un menor herido
Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de Justin Márquez Torres (19) y Esau Márquez Cortillo (51), así como a un menor de 14 años herido con impactos de bala en ambas piernas.
El menor fue trasladado de urgencia al Hospital General de Chalco, mientras que los adultos murieron en el lugar. Carlota “N” fue detenida y es investigada por su participación en los hechos.
El caso pone en el centro del debate la eficacia de las instituciones para atender denuncias de despojo, especialmente cuando no se cuenta con documentación inmediata, lo cual puede exacerbar conflictos civiles hasta derivar en hechos violentos.
La FGJEM no ha emitido postura oficial sobre la denuncia previa ni sobre las razones por las que no se abrió una carpeta de investigación.
