Keren Ordoñez queda libre tras 10 años en prisión por confesión forzada de secuestro

Tras casi una década en prisión, Keren Ordóñez Hernández, una joven veracruzana acusada injustamente de secuestro, fue liberada la tarde del miércoles 16 de abril, en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades, tortura, discriminación de género y violaciones a derechos humanos.

Ordóñez, de 28 años, fue arrestada a los 19 mientras cargaba a su hija de apenas cuatro meses. La bebé fue arrebatada de sus brazos durante la detención y entregada ilegalmente en adopción por autoridades estatales. La detención ocurrió sin orden judicial y bajo amenazas y tortura física y psicológica, según su defensa.

El caso: detención arbitraria y tortura

El 11 de diciembre de 2015, Keren fue detenida sin orden de aprehensión en Tlaxcala, mientras esperaba a su expareja para solicitarle apoyo económico. Agentes federales y ministeriales la acusaron de haber participado en un secuestro ocurrido en ese domicilio, obligándola a firmar una declaración autoinculpatoria bajo tortura.

Durante su detención, la joven fue golpeada, asfixiada y amenazada con desaparecer a su hija, a quien incluso se le elaboró un certificado médico en calidad de “detenida”, cuando tenía apenas un mes de vida.

La bebé fue separada de su madre y entregada al DIF estatal sin notificar a familiares. Fue hasta 12 días después que su abuela logró recuperarla. Keren, en tanto, fue exhibida ante los medios como “secuestradora”, lo que violó su presunción de inocencia.

Condenada a 50 años pese a inconsistencias

A pesar de que su pareja, también implicado, fue liberado en 2019 tras cinco años por ser menor de edad, Keren fue sentenciada en noviembre de 2019 a 50 años de prisión, bajo cargos de secuestro agravado.

La defensa argumentó que no hubo pruebas suficientes, ni se tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad, pobreza y violencia de género que enfrentaba. En 2021, un Tribunal Colegiado le concedió un amparo y ordenó reponer el proceso, que aún continúa abierto.

Durante años, Keren fue representada por defensores públicos que omitieron pruebas clave y no ofrecieron una defensa adecuada. El caso fue asumido en 2021 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que documentó las violaciones a sus derechos.

Símbolo de la criminalización de mujeres pobres

El caso de Keren se ha convertido en un emblema de la criminalización de mujeres en situación de pobreza dentro del sistema penal mexicano, especialmente cuando no se aplica una perspectiva de género.

“La historia de Keren es una muestra clara de cómo las mujeres en contextos de vulnerabilidad siguen siendo criminalizadas y revictimizadas por un sistema de justicia que perpetúa la desigualdad”, señaló el Centro Prodh en un comunicado.

A pesar de haber sido liberada, el proceso judicial en su contra continúa. Organismos de derechos humanos exigen que el caso se archive definitivamente y se garantice justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

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