La red de Rocha Cantú: quiénes son los 13 presuntos implicados en la estructura criminal de huachicol y armas

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la identidad de 13 personas presuntamente ligadas a la red criminal que habría encabezado Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, dueño de compañías del sector energético y copropietario del certamen internacional Miss Universo, a quien se le atribuyen vínculos con el tráfico de hidrocarburos, armas y operaciones de lavado de dinero.

La causa penal 495/2025, girada el 15 de noviembre, exhibe una estructura compleja y jerárquica que habría operado con apoyo institucional, mediante la participación de fiscales, jueces, mandos federales, empresarios y operadores logísticos, lo que permitió, según la FGR, la expansión de una red con alcance nacional y conexiones con distintos grupos del crimen organizado.

El origen de la trama: negocios energéticos, protección institucional y vínculos criminales

De acuerdo con las investigaciones federales, Rocha Cantú fungía como financista principal de la operación, adquiriendo combustible robado en grandes volúmenes, administrando recursos y distribuyendo ganancias entre operadores, intermediarios y servidores públicos que garantizaban su protección.

Los expedientes lo ubican como proveedor de combustible robado, armas y recursos logísticos para células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y Grupo Sombra, con presencia en Veracruz.
Estas alianzas, según fuentes judiciales, evidencian la profundidad y peligrosidad de la estructura.

Además, la FGR documentó que Rocha habría pagado sobornos a funcionarios para frenar investigaciones, obtener información confidencial y asegurar la operación de bodegas, pipas y rutas carreteras utilizadas en el traslado del combustible robado.

Los operadores claves de la red

Jacobo Reyes León (“Yaicob”, “El Lic”)

Uno de los personajes centrales. Ex policía ministerial y excomisario de Seguridad Pública en Acolman, donde su gestión fue cuestionada por el aumento de la inseguridad.
En 2021 fue candidato del PRD en San Martín de las Pirámides.

La FGR lo identifica como socio estratégico de la empresa de seguridad Valbon Servicios Integrales, señalada por presunto lavado de dinero, tráfico de armas y facturación simulada.
Reyes León sería el principal enlace con funcionarios judiciales, además de operar un centro de distribución de huachicol en Huehuetoca, Estado de México.

Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”)

Empresario con contratos públicos en sectores de seguridad, sanitización y desarrollo inmobiliario. Ha sido investigado en casos como la Estafa Maestra y Segalmex.

En esta trama, habría utilizado sus empresas para blanquear recursos, gestionar contratos y facilitar la logística para la adquisición y movimiento del combustible robado.

Daniel Roldán Morales (“El Inge”)

Cerebro técnico de la operación. Coordinaba rutas, entregas, comunicaciones internas y la contabilidad clandestinadestinada a ocultar ingresos y pagos dentro de la red.

Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”)

Operador logístico y financiero sin antecedentes públicos visibles, cuyo papel se enfocaba en maniobras administrativas y apoyo directo a los operadores de campo.

Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”)

Especialista en infraestructura. Supervisaba el manejo de carrotanques, almacenamiento y trasiego de combustible robado en bodegas estratégicas como “La Espuela” en Querétaro.

Los vínculos institucionales

La FGR apunta a que la red habría operado gracias a una estructura paralela de protección institucional, integrada por funcionarios de la FEMDO, mandos federales y personal del Poder Judicial.

Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”)

Agente del Ministerio Público federal, adscrita a la FEMDO. Es señalada por filtrar expedientes, alertar sobre operativos y entregar información sensible a operadores de Rocha a cambio de pagos en efectivo.

Diego Adrián Mendoza Pérez

Funcionario federal identificado como acompañante de Ramírez Rodríguez en entregas de dinero realizadas, según la FGR, a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía en Paseo de la Reforma.

Paul Manrique Miranda (“Comandante”)

Uno de los nombres más conocidos de la lista.
Mandos de la FGR lo ubican como operador clave en una red de extorsión y cobro de cuotas documentada en audios difundidos en 2024, donde negociaba pagos en dólares a operadores de huachicol en distintas regiones del país.
Según la FGR, recaudaba millones de pesos mensuales y coordinaba la manipulación de documentos para liberar cargas y pipas en carreteras federales.

Elizabeth Muzquiz Pineda

Jueza federal en San Juan del Río, Querétaro. Su nombre aparece por su presunta intervención para favorecer judicialmente a miembros de la organización en resoluciones clave.

Operadores secundarios de la red

• Sergio Abraham Lara Paz (“Lara”): Apoyo logístico; su papel se detalla en los expedientes.

• Jeny Guzmán Cintora: Su participación está acotada a la lista de imputados; no hay datos públicos adicionales.

• Jorge Alberto Gallegos Díaz (“Gallegos”): Figura en la causa penal sin perfil público verificable.

El caso Rocha Cantú resume tres dimensiones de alto riesgo para el país: crimen organizado, corrupción institucional y captura del Estado.

El involucramiento simultáneo de empresarios, fiscales, policías y miembros del Poder Judicial advierte sobre la capacidad de los grupos criminales para infiltrar estructuras públicas, frenar investigaciones y mantener operaciones industriales de tráfico de combustible.

Hasta ahora, la FGR solo ha confirmado la detención de una funcionaria federal.
Rocha Cantú permanece bajo un criterio de oportunidad como testigo colaborador, cuyo futuro legal depende de la ratificación judicial de los elementos de prueba.

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