"La Tuta" interpone amparo para evitar su extradición a EE.UU.
Juez otorga 24 horas a "La Tuta" para reforzar argumentos y decidir sobre el amparo contra su extradición a EE.UU.
Servando Gómez Martínez "La Tuta", exlíder del cártel de "Los Caballeros Templarios", promovió un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos vinculados al narcotráfico.
"La Tuta" argumentó ante Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, que el 31 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la vocería de la Presidencia de la República revelaron que se procederá con la extradición de más narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos él.
El argumento de "La Tuta"
"Es un hecho público y notorio que, el lunes 31 de marzo de 2025, las mismas autoridades, en específico la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la vocería de la Presidencia de la República, informaron que se procederá al ‘envío’ de otros narcotraficantes al país vecino", destacó el argumento de "La Tuta".
"Entre otras personas, se mencionó a Servando Gómez Martínez como uno de los candidatos a ser ‘enviado’ a Estados Unidos de América", precisa el recurso de amparo interpuesto "La Tuta".
Aunque reconoció que nunca ha sido notificado ni se ha iniciado un proceso de extradición en su contra, admitió que purga una condena por delitos relacionados con la delincuencia organizada, como secuestro y delitos contra la salud.
Juez le da un plazo de 24 horas para reforzar argumentos
El juez indicó que los argumentos presentados por el narcotraficante no son suficientes para decidir si concede la suspensión, por lo que le otorgó un plazo de 24 horas, a partir de su notificación legal, para que aclare su solicitud y detalle los hechos o acciones que está impugnando, ya que se trata de un asunto personal que solo corresponde al solicitante de la protección constitucional.
"No se advierte que entre los hechos denunciados y los resultados dañinos exista una relación de causalidad que justifique decretar la suspensión", precisó el juzgador.
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