Ley de Telecomunicaciones: lo que debes saber sobre los chips de celular
La nueva Ley de Telecomunicaciones plantea cambios clave en conectividad, regulación y uso de tecnología móvil en México
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presentó este miércoles los principales cambios que contempla la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, destacando la creación de un nuevo órgano regulador y la regulación de los chips para telefonía móvil.
El funcionario federal informó que se propone la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión. Estará integrada por cinco comisionados, designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la obligatoriedad de presentar identificación oficial para adquirir o mantener activado un chip de celular.
“Esto es algo que registran los operadores, no el gobierno. No podrá haber chips activos sin una persona identificada”, explicó este 25 de junio durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otros cambios clave en la iniciativa:
Prohibición de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en radio y televisión; se permite solo contenido turístico, cultural o deportivo.
Eliminación del artículo 109, relacionado con temas fiscales, para evitar sospechas de censura.
Nuevos derechos para usuarios: todos los equipos deberán estar desbloqueados; recargas podrán hacerse en cualquier tienda, independientemente del operador; y se garantizarán llamadas gratuitas a servicios de emergencia.
Accesibilidad digital: la ley incluye lineamientos para garantizar que plataformas y dispositivos sean usables por personas con discapacidad.
Incentivos a empresas: descuentos a cambio de despliegue de infraestructura en zonas marginadas o de difícil acceso.
Conservación de recursos orbitales: México buscará preservar sus posiciones satelitales y reducir basura espacial.
Peña Merino subrayó que la reforma busca garantizar el acceso universal a internet, con una política inclusiva que beneficie a comunidades indígenas, afromexicanas y con perspectiva de género. Además, afirmó que el Estado podrá ser prestador de servicios de internet, compitiendo en igualdad de condiciones con operadores privados.
“La ley parte del derecho de todas las personas a estar conectadas, sin afectar la competencia ni frenar la inversión”, precisó.
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