Ley de Telecomunicaciones: ¿Qué es la ‘Ley Mordaza’ en México y que plantea?
Organismos internacionales y sociedad civil advierten sobre riesgos para la libertad de expresión

Varias son las iniciativas de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que han causado controversia, pero una que ha sido especialmente criticada y cuestionada es la de Telecomunicaciones, conocida también como “Ley Mordaza” o “Censura del Bienestar”, la cual tiene su origen en unos anuncios estadounidenses, protagonizados por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o al menos ese fue uno de los puntos en los que se basó para la propuesta.
En abril de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta iniciativa buscaba modernizar el marco regulatorio del sector, especialmente en el entorno digital, y fue impulsada tras la transmisión en televisión abierta de anuncios antiinmigrantes provenientes de Estados Unidos, lo que generó una reacción legislativa para "modernizar" el marco regulatorio ante los desafíos del entorno digital.
Morena impulsa la #LeyEspía y #LeyCensura: quieren vigilarte con Llave MX y CURP biométrica. El senador @manuelanorve advierte que es vigilancia masiva: celulares, compras, SAT, IMSS, Registro Civil… ¡incluso tu ubicación en tiempo real! Censura = dictadura. 🚨 Escuchen y… pic.twitter.com/buVk5EqoyB
— Sociedad Civil México (@SocCivilMx) June 25, 2025
Puntos clave de la propuesta
Creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): El proyecto proponía desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo, y crear en su lugar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que dependería directamente del gobierno federal. Esta nueva agencia tendría el control total para decidir qué medios pueden operar en radio, televisión e internet, incluyendo el poder de quitarles sus permisos. Esto encendió las alarmas de expertos y organizaciones civiles, quienes advirtieron que poner tanto poder en manos del Ejecutivo podría abrir la puerta al control político de los medios y limitar la libertad de expresión.
Artículo 109 – Bloqueo de plataformas digitales: Uno de los puntos más controvertidos era el artículo 109, que otorgaba a la ATDT la facultad de bloquear temporalmente plataformas digitales —como redes sociales o sitios web— sin necesidad de orden judicial. Esta disposición fue criticada por organizaciones como Artículo 19 y la ONU-DH México, que advirtieron sobre posibles violaciones a la libertad de expresión y a estándares internacionales.
Multas por transmisión de propaganda extranjera: La reforma contemplaba sanciones económicas de entre el 2% y el 5% de los ingresos a concesionarios que transmitieran propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, salvo en casos de fines culturales o turísticos. Esta medida fue vista como una respuesta a la difusión de contenidos considerados discriminatorios por las autoridades mexicanas .
Reacciones y suspensión de la iniciativa
Ante las críticas de diversos sectores, incluyendo organismos internacionales, especialistas y legisladores de oposición, la presidenta Sheinbaum decidió posponer la aprobación de la ley. Se convocó a un debate público con expertos, empresarios y legisladores para revisar la iniciativa y garantizar que no se afecten derechos fundamentales.
Como parte de los cambios, el gobierno anunció que se creará un nuevo organismo técnico formado por ciudadanos, que se encargará de otorgar los permisos para operar en radio y televisión.
La idea es que este grupo trabaje de forma independiente al gobierno, para evitar presiones políticas y asegurar que las decisiones sobre quién puede transmitir sean justas y transparentes.
La llamada "Ley Mordaza" en México representa una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la regulación del sector y la garantía de la libertad de expresión. Si bien el gobierno argumenta que la ley busca modernizar el marco regulatorio y proteger los intereses nacionales, diversos sectores de la sociedad civil, organismos internacionales y legisladores de oposición han expresado preocupaciones sobre posibles riesgos de censura y concentración de poder.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en proceso de revisión y consulta pública, con el objetivo de incorporar las observaciones y propuestas surgidas durante las consultas.
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