Magistrados piden anular elección judicial por uso de “acordeones” y violación al sufragio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió validar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una larga discusión en la que se revisaron los argumentos a favor y en contra de la nulidad del proceso.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto en el que proponía anular los resultados de la elección. En su análisis señaló que hubo una estrategia organizada e ilegal para influir en los votantes mediante la distribución de guías conocidas como “acordeones”.

Según su postura, estas guías afectaron de manera determinante el proceso porque orientaban a los participantes a elegir una misma combinación de candidatos. Explicó que esto dañaba principios básicos como la equidad, la autenticidad del voto y la prohibición de financiamiento externo.

A este planteamiento se sumó la magistrada Janine Otálora, quien coincidió en que la nulidad era necesaria. Dijo que la libertad del sufragio estaba comprometida y que el expediente contenía evidencia clara de irregularidades.

La magistrada Janine Otálora dijo que se presentaron más de 90 “acordeones"

También, detalló que se presentaron más de 90 “acordeones” como pruebas, que circularon en los 32 estados del país, lo que muestra que no fue un hecho aislado. También señaló que hubo una concentración anormal de votos en una sola combinación de nueve candidatos, algo poco común en una elección que tenía 64 opciones distintas.

En contraste, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, junto con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, votaron en contra de anular la elección. En su opinión, las pruebas no demostraban de forma contundente que los resultados hubieran sido alterados.

Sigue leyendo:

TEPJF resolvió que las pruebas para pedir la nulidad eran débiles

Durante la sesión, Fuentes Barrera explicó que no es posible anular una elección basándose en estadísticas o interpretaciones, sino en hechos jurídicos plenamente acreditados. Agregó que solo se podría declarar la nulidad si existieran pruebas firmes de una operación ilegal a nivel nacional, con propaganda prohibida y financiamiento ilícito, además de un efecto comprobado en el resultado. Concluyó que nada de eso estaba acreditado en el caso.

La discusión se extendió durante toda la tarde. Pero, al final, el tribunal resolvió que las más de tres mil pruebas aportadas para pedir la nulidad eran débiles e insuficientes. Con esta conclusión, la elección quedó confirmada y los resultados se declararon válidos.