Narcofosa en Guanajuato: liberan a los acusados y una magistrada revisa el caso
Revertir la decisión está en manos de Luz Elba de la Torre Orozco, magistrada que busca refrendar su cargo en la elección judicial del 1 de junio
Ha ocurrido lo increíble. En Salvatierra, Guanajuato —donde hace apenas unos años se localizó la fosa clandestina más grande del país con 80 cuerpos—, los principales acusados de su creación caminan hoy en libertad. A pesar de las pruebas y del dolor que arrastran las familias de las víctimas, una jueza del estado decidió suspender la orden de aprehensión contra dos presuntos miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima. Hoy, estas personas se pasean por las calles sin restricciones, mientras los familiares viven en el exilio, bajo amenaza y con miedo.
La historia que desencadenó este caso inició con la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, conocida como "Lupita", una joven profesora de Salvatierra que fue secuestrada el 29 de febrero de 2020 al salir de su casa. Su madre, la maestra María del Tránsito Piña, recibió en marzo de ese año una llamada anónima que marcaría su vida: “A su hija se la llevó El Grillo y El Chore”, susurró una voz distorsionada.
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Tres meses más tarde, otra llamada sería aún más reveladora: “Busque detrás de la Bachoco”, indicó una mujer, señalando una fábrica de huevos en los márgenes del río Lerma. Allí, en octubre de 2020, junto a colectivos de búsqueda y autoridades, encontraron lo impensable: 80 cuerpos enterrados en un predio urbano, en pleno corazón de Salvatierra, según la periodista Laura Sánchez Ley de Milenio.
Entre las víctimas estaba Lupita. A los pocos meses, el 29 de mayo de 2021, su hermano Francisco Javier fue asesinado, un crimen que la familia Barajas Piña atribuye al enojo del cártel por los hallazgos. Desde entonces, sus padres, los profesores Javier y María, viven desplazados.
En 2023, comenzó finalmente un juicio que parecía sentar un precedente histórico contra la impunidad en torno a las fosas clandestinas en México. La Fiscalía identificó como responsables de esa fosa a Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, presuntamente ligados al Cártel de Santa Rosa de Lima, organización fundada por José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro". Todo apuntaba hacia un avance en la justicia, hasta que, en abril de 2025, todo cambió.
La liberación de los acusados
La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato suspendió la orden de aprehensión contra Calderón y Zamudio, sin notificar previamente a las víctimas. El argumento de la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador se basó en el artículo 191 de la Ley de Amparo, una disposición que, según abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, no justifica una liberación, ni está vinculada al debido proceso penal.
El Centro Pro denuncia que la resolución violó el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, y que ni la Fiscalía ni la Comisión Estatal de Atención a Víctimas actuaron con transparencia ni coordinación. Mientras tanto, los acusados fueron puestos en libertad y, según testimonios, uno de ellos ya deambula por Salvatierra como si nada hubiera pasado.
“Los compañeros del colectivo, nuestras familias, están en riesgo. A nosotros nos destrozaron la vida y ahora premian a quienes nos la arrebataron”, declaró con impotencia la profesora María del Tránsito para la periodista Laura Sánchez Ley.
Su esposo, el profesor Javier Barajas, agrega: “No queremos venganza, queremos justicia. No es posible que desaparezcan a nuestras hijas como si fueran chicles, y luego los premien con una boleta de libertad”.
De los 80 cuerpos hallados, 64 ya han sido identificados. “Las personas que se llevaron a mi hija también atacaron a otras 79”, subraya Barajas. Ambos coinciden en que hay una red de corrupción y sobornos, y no dudan de que hay intereses de alto nivel detrás de la decisión judicial.
“Andan fuera los dos (inculpados), y saber que ellos han sido premiados con una boleta de libertad…. con la mano en la cintura, que nos hagan esto deja a nuestro corazón con mucho dolor y mucha impotencia y emociones encontradas. Los compañeros en Salvatierra de nuestro colectivo (de búsqueda) y nuestras familias están en riesgo”, dijo para Milenio.
El caso a revisión
La única esperanza para revertir esta liberación está ahora en manos de Luz Elba de la Torre Orozco, magistrada federal del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito. Actualmente en campaña para refrendar su cargo en la elección judicial del 1 de junio, De la Torre Orozco revisa un incidente por exceso en el cumplimiento de la suspensión que permitió la liberación de Calderón.
La periodista Laura Sánchez prevé que la decisión que debe tomar este jueves 29 de mayo se suspenda para después de la elección, dando tiempo a los acusados de escapar.
El incidente, abierto el pasado 8 de mayo, solicita al Poder Judicial de la Federación declarar que la medida fue inusitada y contraria a los límites de la Ley de Amparo, y que el imputado debe quedar nuevamente a disposición del Tribunal Colegiado para su posible reaprehensión.
Una fosa que se convirtió en símbolo
La fosa hallada en Salvatierra se encuentra en una colonia habitada, en un predio común donde cientos de personas transitan a diario. Allí, el Cártel de Santa Rosa de Lima habría enterrado a 80 personas sin que ninguna autoridad interviniera, hasta que una madre siguió su instinto, atendió una llamada y decidió cavar.
A cinco años de la desaparición de Lupita, su familia enfrenta ahora una nueva pesadilla: la revictimización institucional y la posibilidad de que los responsables queden impunes. El caso no solo refleja el horror de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas, sino también el colapso de un sistema judicial que no protege a quienes luchan por justicia.
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