Pipas de gas, bombas rodantes: Explosión en Iztapalapa revela años de omisión y la urgencia de una regulación
Durante una década, pipas mal supervisadas han causado 40 muertes y 188 heridos en el país, mientras las autoridades apenas ahora anuncian protocolos que especialistas califican como tardíos
La tragedia en el puente de la Concordia en Santa Martha, Iztapalapa, donde explotó una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP, dejó un saldo de nueve personas muertas y encendió las alarmas sobre un problema que México arrastra desde hace años: la circulación sin control efectivo de vehículos que transportan materiales peligrosos. Gobiernos federal y local anunciaron medidas urgentes, pero el historial de siniestros evidencia que la reacción llega después de una década de omisiones.
Pipas de gas: una amenaza ignorada durante años
En los últimos diez años, el transporte de gas LP y otros combustibles ha dejado una estela de tragedias en el país: explosiones en hospitales, choques en autopistas y estallidos en zonas urbanas han cobrado la vida de 40 personas y dejado al menos 188 heridos.
Desde 2015, se han documentado nueve siniestros mayores en los que las pipas colapsaron por fallas mecánicas o errores humanos, transformándose en bolas de fuego que arrasaron con calles enteras, vehículos y viviendas.
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El caso más reciente, en Iztapalapa, no solo se suma a la estadística: expone que las autoridades permitieron durante años que estas unidades circularan sin protocolos obligatorios, a pesar de que en otros países se exige que el transporte de combustibles ocurra en horarios nocturnos o de baja afluencia.
Medidas urgentes… pero tardías
Tras la explosión, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en México nunca existió una obligatoriedad para restringir los horarios de traslado de pipas con materiales peligrosos.
“Es una práctica internacional que no se ha aplicado en México de forma estricta. Ahora vamos a desarrollar un protocolo que contemple estas medidas”, declaró.
Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció la creación de un protocolo de seguridad para la CDMX, en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependiente de la Semarnat.
Sin embargo, especialistas en protección civil y transporte consideran que la medida llega tarde: “Estamos reaccionando a la tragedia, no previniéndola”, lamentó un consultor en gestión de riesgos.
Normativas que existen, pero no se cumplen
Aunque la Secretaría de Energía (Sener) y la ASEA regulan los permisos y la seguridad operativa de las pipas de gas, en la práctica los controles han sido laxos.
El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 27, establece que las unidades que transportan sustancias peligrosas deben circular solo en rutas y horarios autorizados, bajo estricta señalización y balizamiento. Sin embargo, las multas oscilan entre 40 y 200 UMAs, sanciones mínimas frente al riesgo que implican.
Además, el mismo reglamento otorga prioridad de circulación en congestionamientos viales a estas unidades, una disposición cuestionada por especialistas, que la consideran una “licencia al peligro”.
Capacitación insuficiente y choferes sin control
Los conductores de pipas de gas deben contar con una licencia federal especial, otorgada tras un curso de 30 horas en el que se abordan temas como explosivos, gases comprimidos y materiales radioactivos.
No obstante, vecinos y organizaciones civiles han denunciado que muchas empresas operan con choferes sin capacitación adecuada, que conducen a exceso de velocidad o incluso fumando mientras transportan sustancias inflamables.
Muchas veces he reportado cómo circulan pipas de @Pemex por carriles centrales de periférico pic.twitter.com/sUoUGm5v3V
— Angel Molina (@FIGOcluvs) September 11, 2025
El caso de Iztapalapa ha reavivado el debate sobre si los requisitos actuales son suficientes o si la falta de supervisión permite que las pipas se conviertan en bombas rodantes en plena ciudad.
La exigencia ciudadana: que no quede en promesa
Tras la tragedia, vecinos de Santa Martha denunciaron que las autoridades conocían el riesgo desde hace años y que ignoraron peticiones para restringir el paso de pipas en zonas densamente pobladas.
“Ahora hablan de protocolos, pero ya perdimos familiares, casas y negocios. Queremos hechos, no discursos”, expresó una de las afectadas.
Las organizaciones civiles exigen sanciones ejemplares, supervisión estricta y la obligatoriedad de horarios nocturnos para el transporte de gas LP, como ocurre en países donde la seguridad es prioridad.
Un reto que exige acción inmediata
La explosión en Iztapalapa no solo dejó víctimas y destrucción, sino que expuso la fragilidad de un sistema que permite que materiales altamente inflamables se transporten sin un control real.
Especialistas advierten que mientras las nuevas medidas se diseñan y discuten, miles de pipas seguirán circulando diariamente por calles, avenidas y autopistas, con el mismo riesgo de repetir la tragedia.
La urgencia es clara: México no puede esperar a la próxima explosión para actuar.
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