¿Puede EE.UU. derribar un avión mexicano por considerarlo “peligroso”?

Redacción 5 septiembre, 2025

Ante recientes amenazas de Donald Trump

 ©Imagen creada con Inteligencia Artificial (Chat GPT) - Estados Unidos cuenta con leyes internas que permiten a sus fuerzas armadas y agencias de seguridad actuar contra aeronaves que violen su espacio aéreo

Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de derribar aviones extranjeros que representen un “peligro” han generado un debate internacional sobre los alcances del derecho internacional, la soberanía aérea y las leyes de defensa.

Este tema, que cobra relevancia en el contexto de tensiones geopolíticas y operativos antidrogas en el Caribe y América Latina, plantea una pregunta clave: ¿puede Estados Unidos derribar un avión mexicano solo por considerarlo una amenaza?

El espacio aéreo es parte de la soberanía de cada país, de acuerdo con el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, tratado que regula la navegación aérea mundial. Este documento, firmado por Estados Unidos, México y otros países, establece que ningún Estado puede usar armas contra aeronaves civiles extranjeras en vuelo, incluso si ingresan sin permiso a su espacio aéreo.

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El artículo 3 bis de este convenio prohíbe expresamente derribar aviones civiles, ya que hacerlo podría poner en riesgo la vida de pasajeros inocentes. No obstante, el convenio permite que los países obliguen a cualquier aeronave sospechosa a aterrizar para inspección, siempre que se evite el uso de fuerza letal.

En situaciones extremas, cuando una aeronave represente un peligro inminente para la seguridad nacional, por ejemplo, en un ataque terrorista, algunos gobiernos justifican acciones de defensa bajo el principio del derecho internacional a la autodefensa, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas.

Estados Unidos cuenta con leyes internas que permiten a sus fuerzas armadas y agencias de seguridad actuar contra aeronaves que violen su espacio aéreo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el país fortaleció protocolos de seguridad aérea.

El North American Aerospace Defense Command (NORAD) coordina la defensa del espacio aéreo de EE. UU. y Canadá y tiene autoridad para interceptar aviones sospechosos. Aunque el uso de fuerza letal está permitido en escenarios excepcionales, la práctica común es interceptar, escoltar y obligar a aterrizar. En el caso de aeronaves civiles mexicanas, la cooperación bilateral y acuerdos de seguridad, como la Iniciativa Mérida y pactos antidrogas, priorizan la comunicación antes de cualquier acción.

México y Estados Unidos intercambian información aérea para prevenir incidentes y reforzar la lucha contra el narcotráfico, que suele involucrar vuelos clandestinos. A lo largo de la historia, ha habido incidentes donde países han derribado aviones extranjeros, pero la mayoría han generado críticas internacionales. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1983, cuando la Unión Soviética derribó el vuelo 007 de Korean Air Lines, causando la muerte de 269 personas. Ese suceso llevó a la inclusión del artículo 3 bis en el Convenio de Chicago.

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En América Latina, países como Perú y Colombia han implementado políticas de “defensa aérea” para detener vuelos sospechosos de narcotráfico, pero bajo protocolos estrictos que buscan minimizar el riesgo a civiles. Estados Unidos ha asesorado a estas naciones, aunque su política oficial insiste en que disparar contra aeronaves civiles debe ser el último recurso.

México mantiene acuerdos estrechos con Estados Unidos en materia de aviación y seguridad fronteriza. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen canales de comunicación para manejar incidentes aéreos, especialmente en la frontera norte. Esto hace improbable que EE. UU. actúe unilateralmente contra aviones mexicanos, salvo en situaciones extraordinarias donde exista evidencia de una amenaza directa, como un intento de ataque o actividades criminales graves.