¿Qué cárteles dominan el campo mexicano? Extorsión, miedo y asesinatos de empresarios agrícolas

La violencia que azota al campo mexicano cobró dos nuevas víctimas recientes y destapó la profunda crisis de seguridad que enfrentan los empresarios agrícolas del país. Mientras en Álamo Temapache, Veracruz, el empresario Javier Vargas Arias fue asesinado a balazos, en Apatzingán, Michoacán, el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez derivó en la detención de un presunto operador del crimen organizado, identificado como Rigoberto “N”, señalado por su papel en las extorsiones y cobros de “cuotas” impuestas a productores por parte de grupos armados.

Rigoberto “N” fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras una investigación que lo relaciona con el asesinato de Bravo Manríquez, ocurrido el lunes pasado. Según los primeros reportes, este hombre formaría parte de una red encargada de extorsionar a productores limoneros en el Valle de Apatzingán, zona donde Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato disputan el control territorial.

La captura de Rigoberto representa un avance clave para entender el patrón de violencia que afecta a los agricultores del país, empresarios asesinados, líderes amenazados y comunidades enteras sometidas al miedo.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido organizó y cobró cuotas a nombre de Los Viagras, una organización criminal que desde hace años controla la venta y transporte del limón en Michoacán, imponiendo precios y “derechos de piso” por cada hectárea cosechada.

Extorsión y control criminal del campo

La red de extorsión opera con la lógica de un “impuesto criminal”. Los grupos armados exigen pagos semanales o mensuales por permitir que los productores transporten su fruta, accedan a caminos rurales o mantengan sus huertas activas. Quienes se niegan, son amenazados o atacados. En este contexto, la figura de Bernardo Bravo fue incómoda: como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), denunció públicamente que los limoneros estaban “secuestrados por las cuotas” del crimen organizado.

En septiembre, Bravo alertó que cada productor debía pagar por kilo de fruta, y que incluso las empacadoras operaban bajo vigilancia de grupos armados. Su asesinato fue interpretado como un mensaje directo a quienes intentan resistirse a la extorsión, lo que desató temor entre empresarios de otros estados, especialmente en Veracruz, donde días después fue ejecutado Javier Vargas Arias.

Veracruz: otro territorio bajo amenaza

El caso de Vargas Arias, asesinado la mañana del jueves en el ejido Jardín Nuevo de Álamo Temapache, forma parte del mismo contexto. Aunque hasta ahora no hay indicios públicos que vinculen su crimen directamente con un grupo delictivo, la forma del ataque, un comando armado con equipo táctico, sugiere una ejecución planeada.

Vargas, de 43 años, era comerciante y productor de naranja, un sector que, al igual que el del limón en Michoacán, enfrenta presiones constantes por parte de bandas que buscan controlar el transporte y la venta de fruta. Productores locales han denunciado que en la zona norte de Veracruz operan células del Cártel del Golfo y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan rutas de distribución y exigen “cuotas” a intermediarios y empacadores.

Los asesinatos de Bravo y Vargas confirman que los cárteles no solo dominan las rutas del narcotráfico, sino también los sectores productivos que generan divisas para el país. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura, el limón y la naranja representan más del 30% de la producción citrícola nacional, y gran parte proviene de zonas bajo influencia de grupos armados.