Quiénes están detrás de las 7 empresas con contratos millonarios del INE y sus vínculos con Guadalupe Taddei
Guadalupe Taddei deja el INE entre investigaciones por contratos millonarios: ¿quién vigilará a las siete empresas señaladas rumbo al proceso electoral 2027?
La salida anunciada de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) deja una pregunta que va más allá de quién ocupará su lugar: ¿qué pasará con los contratos públicos y las empresas proveedoras que actualmente son investigados por presuntas irregularidades? En el centro de la controversia aparecen siete compañías relacionadas, según investigaciones periodísticas, con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Sus contratos con organismos electorales de al menos 13 estados superan los mil millones de pesos, mientras las autoridades revisan posibles conflictos de interés, simulación de competencia y triangulación de recursos.
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La decisión de Taddei de separarse de la presidencia ocurre mientras el INE organiza el proceso electoral federal de 2027 y enfrenta cuestionamientos sobre la forma en que se adjudicaron contratos para producir urnas, mamparas, boletas, documentación electoral y materiales de seguridad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aparece en los reportes sobre el seguimiento de operaciones financieras de proveedores y el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto recibió antecedentes relacionados con posibles irregularidades de funcionarios y exfuncionarios.
Las indagatorias no se limitan a la presidencia del organismo. También incluyen relaciones entre contratistas y antiguos servidores públicos, así como adquisiciones efectuadas por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Entre los señalamientos figuran adjudicaciones directas, compañías que habrían participado como competidoras en los mismos procedimientos y transferencias entre empresas relacionadas.
A ello se suma la relación personal que distintas publicaciones atribuyen a Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras del sector electoral.
La consejera presidenta ha negado haber favorecido a contratistas y defendido la legalidad de los procedimientos de adquisición.
Sin embargo, la controversia ha abierto una discusión sobre quién autoriza las compras, quién revisa la actuación de los funcionarios y qué ocurrirá con los expedientes cuando cambie la conducción del INE.
¿Qué pasará con los contratos del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei?
El 25 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei anunció que presentaría su renuncia a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados al día siguiente.
En su mensaje, sostuvo que había tomado la decisión para proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo electoral. También reconoció que su separación no elimina la obligación de esclarecer los hechos sujetos a investigación.
La sucesión institucional deberá seguir los procedimientos correspondientes para garantizar que el INE continúe funcionando mientras se determina quién ocupará la presidencia.
Sin embargo, el cambio de titular no resuelve automáticamente el destino de los contratos que se encuentran bajo revisión.
Las investigaciones comprenden decisiones tomadas por distintas áreas administrativas, expedientes de adquisición y operaciones realizadas por proveedores que han trabajado tanto para el INE como para organismos electorales estatales.
Por esa razón, las responsabilidades deberán establecerse a partir de la participación de cada funcionario, los documentos de contratación y las operaciones financieras que analicen las autoridades.
La pregunta central es si la salida de Taddei también estará acompañada de cambios en las personas y las áreas responsables de autorizar, supervisar y fiscalizar el gasto electoral.
El tema adquiere relevancia porque el instituto deberá mantener sus funciones durante la organización de las elecciones federales de 2027.
¿Quién investigará los contratos del INE después de la salida de Taddei?
Las contrataciones cuestionadas se encuentran bajo la revisión de tres instancias con competencias diferentes: la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Órgano Interno de Control del INE.
Aunque sus actividades pueden relacionarse con los mismos proveedores y funcionarios, cada una tiene una función distinta.
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Auditoría Superior de la Federación: revisión del uso de recursos públicos
La ASF, órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, anunció el 23 de octubre una investigación de oficio relacionada con posibles irregularidades en adquisiciones del sector electoral.
Entre los elementos que motivaron la revisión se encuentran señalamientos sobre uso indebido de recursos públicos, posibles conflictos de interés, colusión entre empresas y triangulación de dinero.
Las indagatorias abarcan al INE, a Organismos Públicos Locales Electorales y a personas físicas o morales relacionadas con las contrataciones.
También incluyen operaciones vinculadas con materiales utilizados en las elecciones, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua.
A partir de la documentación y los resultados de sus auditorías, la ASF podrá determinar las observaciones y acciones que correspondan dentro de sus atribuciones.
Unidad de Inteligencia Financiera: seguimiento a las operaciones de proveedores
De acuerdo con publicaciones periodísticas, la UIF investiga movimientos financieros relacionados con al menos siete empresas proveedoras del sector electoral.
Los señalamientos se concentran en presuntas operaciones entre compañías vinculadas, posibles esquemas de triangulación de recursos y simulación de competencia en adjudicaciones.
La revisión financiera busca esclarecer las relaciones entre las empresas y el destino de los recursos involucrados.
Sin embargo, la existencia de transferencias o relaciones comerciales entre compañías no demuestra automáticamente que se hayan cometido delitos.
Órgano Interno de Control: responsabilidades de funcionarios
El Órgano Interno de Control del INE recibió los antecedentes sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.
Su revisión incluye señalamientos relacionados con excolaboradores que habrían representado empresas proveedoras antes o durante su relación laboral con el organismo.
También deberá revisar posibles omisiones o inconsistencias en declaraciones patrimoniales y de intereses.
Una parte de la controversia consiste en determinar si determinadas personas informaron correctamente sus vínculos empresariales y si participaron en decisiones que pudieran representar conflictos de interés.
Las eventuales responsabilidades dependerán de los resultados de cada procedimiento.
¿Cuáles son las siete empresas señaladas en la investigación sobre contratos del INE?
Los reportes sobre la investigación identifican un grupo de al menos siete compañías que habrían mantenido relaciones operativas o comerciales con los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Las empresas mencionadas son:
Cajas Graf, S.A. de C.V. Proveedora de paquetes, cajas y otros materiales electorales para organismos estatales y federales.
Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V. Empresa dedicada a la producción de documentación y materiales electorales con elementos de seguridad.
Corporativo Zeg, S.A. de C.V. Firma que ha participado en contrataciones relacionadas con impresión de boletas, actas de escrutinio y otros materiales.
Seriplast de México. Compañía dedicada a la fabricación de insumos plásticos.
Diseño Reconstrucción y Comunicación. Empresa señalada en los reportes por actividades relacionadas con estudios de mercado.
Formas Finas Fernando Fernández. Firma incluida en las investigaciones periodísticas sobre los vínculos entre proveedores.
Comercializadora Grupo Selati. Empresa mencionada entre las compañías relacionadas con el grupo.
Los reportes sostienen que algunas de estas empresas habrían participado en licitaciones como si fueran competidoras independientes, pese a mantener posibles vínculos entre sí.
La investigación deberá establecer cuáles de esas relaciones existían, si debieron declararse y si afectaron los procedimientos de contratación.
El hecho de que varias compañías tengan relaciones comerciales o representantes comunes no demuestra por sí solo una simulación de competencia. Para determinar una irregularidad es necesario revisar las condiciones de cada licitación.
Contratos por más de mil millones de pesos: la presencia de los proveedores en 13 estados
La controversia no comenzó con las adquisiciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE.
Las investigaciones periodísticas ubican contratos de empresas relacionadas con este grupo desde 2014, cuando Taddei encabezaba el Instituto Electoral de Sonora, cargo que desempeñó entre 2014 y 2021.
Con el paso de los años, las compañías comenzaron a participar en contrataciones de otros Organismos Públicos Locales Electorales.
De acuerdo con los registros citados en los reportes, la red empresarial acumuló adjudicaciones por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados. Entre las compañías con mayor presencia destacan Cajas Graf y Formas Finas y Materiales.
Los datos recopilados indican que Cajas Graf obtuvo 22 contratos con 13 institutos estatales, por aproximadamente 586.3 millones de pesos.
Por su parte, Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades, equivalentes a alrededor de 540.1 millones de pesos.
Estos montos permiten dimensionar la presencia comercial de ambas compañías en la producción de materiales electorales.
No obstante, las cifras corresponden a contratos adjudicados y no deben interpretarse como cantidades cuya ilegalidad ya haya sido demostrada.
De Sonora a Veracruz: los contratos que marcaron la expansión de las empresas
Uno de los primeros antecedentes relevantes se encuentra en Sonora.
Durante la etapa en que Guadalupe Taddei presidía el organismo electoral estatal, se adjudicó el contrato IEEPC/LP/0-03/2017, por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, al grupo empresarial señalado en la investigación.
Este procedimiento aparece entre los antecedentes de la relación comercial de los proveedores con instituciones electorales.
Un año después, Cajas Graf recibió uno de los contratos más cuantiosos incluidos en los reportes.
En 2018, el Instituto Electoral de Veracruz le adjudicó el contrato 1/LPN/OPLEV-401A02-001/2018, por 141 millones 775 mil 200 pesos, para suministrar 12 mil paquetes electorales.
La operación constituye uno de los ejemplos de cómo las compañías comenzaron a extender su participación a distintos estados.
Jalisco e Hidalgo: contratos de Cajas Graf por más de 200 millones de pesos
En Jalisco, los documentos citados por los reportes identifican el contrato LPN-E-04-2024, otorgado a Cajas Graf por 102 millones 160 mil 915.80 pesos.
En Hidalgo aparecen dos adjudicaciones a favor de la misma compañía.
La primera corresponde al procedimiento LP-IEE-002-2021, por 68 millones 980 mil 163.28 pesos.
La segunda, identificada con el folio IEEH-DA-2022-085, ascendió a 65 millones 981 mil 373.62 pesos.
Estos contratos forman parte del conjunto de operaciones que ahora se revisa para determinar si las empresas participaron conforme a las disposiciones aplicables y si existieron vínculos que pudieran afectar la competencia.
Oaxaca: los contratos de Corporativo Zeg y el vínculo con una funcionaria del INE
Otro de los antecedentes señalados se encuentra en Oaxaca.
En 2021, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) adjudicó directamente un contrato por 32 millones de pesos a Corporativo Zeg.
Posteriormente, la empresa recibió otra contratación por 36.09 millones de pesos.
Los reportes relacionan esas adjudicaciones con la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del organismo electoral local.
La funcionaria es identificada en las publicaciones como una persona cercana a Guadalupe Taddei.
Desde abril de 2026 ocupa la dirección de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Su trayectoria aparece en los cuestionamientos sobre posibles vínculos entre personas que participaron en procedimientos de contratación estatales y que posteriormente ocuparon cargos dentro del organismo nacional.
Sin embargo, esa relación profesional no demuestra automáticamente que haya intervenido en una adjudicación irregular.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) October 22, 2026
Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Campeche: más contratos señalados
Las investigaciones también reúnen contratos de materiales electorales en diferentes entidades.
En Chihuahua, el organismo electoral estatal entregó un contrato identificado con el folio DRM-017/21, por 33 millones 881 mil 653.52 pesos, derivado de una licitación pública.
En Quintana Roo, se registró la adjudicación IEQROO/LPN/07/2022, por 29 millones 802 mil 439.28 pesos.
En Sinaloa, los reportes identifican una adjudicación directa por 27 millones 762 mil 525.50 pesos.
Por su parte, en Campeche aparece el contrato DEAPPAP/010/2021, por 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
Los procedimientos forman parte de los antecedentes que permiten rastrear la participación de las compañías en distintos organismos electorales.
La revisión debe distinguir las adjudicaciones realizadas mediante licitación pública de aquellas efectuadas de manera directa.
Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Zacatecas: otras adjudicaciones
En Aguascalientes, durante el proceso electoral de 2024, Formas Finas y Materiales obtuvo un contrato cercano a 17 millones de pesos.
De acuerdo con la información difundida, la compañía fue la única participante en la fase de propuesta económica.
En el Estado de México, el Instituto Electoral adjudicó en marzo de 2023 la licitación IEEM/LP-N/03/2023 a Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales.
Los contratos ascendieron a 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.
En Querétaro, el organismo electoral autorizó una asignación por 8 millones 644 mil 86.84 pesos para elaborar materiales destinados a la jornada y a etapas posteriores del proceso electoral 2020-2021.
Finalmente, en Zacatecas se identificaron contratos individuales por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.
Estos antecedentes completan el registro de operaciones destacadas en al menos 13 entidades.
El contrato por 63 millones de pesos que abrió una línea de investigación
Uno de los casos destacados corresponde a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V.
En marzo de 2024, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con una adjudicación directa del INE a esa compañía por 63 millones 241 mil pesos.
El contrato estaba destinado a la producción y distribución de materiales de simulacro para el proceso electoral federal 2023-2024.
Según los reportes, la revisión identificó movimientos de recursos hacia otras empresas, circunstancia que motivó una línea de investigación financiera.
La operación se incorpora al conjunto de contratos examinados por posibles irregularidades en adjudicaciones y transferencias.
Comercializadora JVLY aparece en esta línea de investigación específica y debe distinguirse de las siete empresas enumeradas en los reportes sobre el grupo corporativo.
¿Por qué se investigan 514 millones de pesos en contratos del INE?
Los reportes sobre las fiscalizaciones señalan presuntas irregularidades relacionadas con 514 millones de pesos en operaciones que involucran a Comercializadora JVLY, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Cajas Graf.
Las líneas de investigación incluyen posibles actos de tráfico de influencias, conflictos de interés y transferencias financieras que requieren explicación.
La controversia también abarca un contrato de 197 millones de pesos relacionado con materiales para la elección judicial de 2025, en el que fueron mencionadas Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones.
Sobre esa adquisición, Guadalupe Taddei explicó que inicialmente se declaró desierta una licitación para urnas y mamparas porque las propuestas no cumplían los requisitos.
Según su versión, posteriormente se optó por una adjudicación directa, sustentada en una investigación de mercado y en la necesidad de garantizar los tiempos de producción y entrega.
La entonces consejera presidenta defendió que las decisiones se tomaron conforme a los procedimientos administrativos.
No obstante, corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinar si se cumplieron las condiciones legales.
Los 514 millones de pesos bajo revisión, los 197 millones del contrato mencionado y los más de mil millones acumulados en adjudicaciones estatales representan universos distintos de información. No deben sumarse automáticamente, pues podrían existir operaciones comprendidas en más de un registro.
Jonathan Navarrete Torres: del entorno de Taddei a una empresa proveedora
Entre los nombres que aparecen en los señalamientos figura Jonathan Navarrete Torres.
De acuerdo con una publicación de Reforma, fue identificado como trabajador registrado como chofer de Guadalupe Taddei y apoderado de Corporativo Zeg.
Taddei negó que hubiera sido su conductor, aunque reconoció que estaba adscrito a la oficina de la Presidencia del INE.
También afirmó que las personas mencionadas en los reportajes ya no trabajaban en el organismo. Sin embargo, no precisó en ese momento las fechas ni las razones de sus separaciones.
El señalamiento sobre Navarrete plantea preguntas acerca de las actividades que desempeñó dentro del INE y su posible relación con una compañía contratista.
Su participación deberá analizarse a partir de los documentos laborales, societarios y administrativos correspondientes.
Jesús Octavio García González: de representante de proveedores a director de Administración del INE
Otro de los casos es el de Jesús Octavio García González, quien anteriormente fungió como representante de empresas proveedoras, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf.
Posteriormente ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, de septiembre de 2025 a abril de 2026.
Se trata de un área relevante para los procedimientos institucionales de adquisición, validación y administración de recursos.
El hecho de que García González haya mantenido relaciones profesionales con empresas contratistas antes de ocupar ese cargo generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Guadalupe Taddei explicó que, tras revisar las declaraciones patrimoniales y de intereses de personas mencionadas en las publicaciones, se encontró que habían manifestado no participar en empresas, sociedades o asociaciones. Los antecedentes fueron enviados al Órgano Interno de Control.
Esa instancia deberá establecer si existieron omisiones, inconsistencias o declaraciones falsas, así como las consecuencias administrativas que pudieran corresponder.
Investigan transferencias relacionadas con un exdirector del INE
La investigación también menciona a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con los reportes proporcionados, las autoridades analizan transferencias bancarias que habría recibido desde cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Los movimientos fueron registrados bajo conceptos de préstamos y viáticos.
Esta línea de investigación busca determinar la naturaleza y justificación de las operaciones, así como su eventual relación con actividades realizadas dentro del organismo electoral.
Por ahora, la referencia a transferencias financieras no demuestra por sí misma que hayan existido pagos indebidos o actos de corrupción.
José Alfredo Hernández Casillas: el proveedor vinculado con la controversia de Guadalupe Taddei
Entre los empresarios señalados se encuentra José Alfredo Hernández Casillas, identificado en publicaciones periodísticas como proveedor de materiales electorales y relacionado con algunas de las compañías investigadas.
También se menciona a su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, por sus vínculos con el grupo empresarial.
La controversia creció después de que Latinus difundiera imágenes de Guadalupe Taddei durante una celebración de la Independencia de México en la que aparecía Hernández Casillas. El medio lo identificó como apoderado de Cajas Graf.
Durante una comparecencia ante la prensa del 21 de octubre, Taddei no explicó públicamente su relación con el empresario y tampoco se permitieron preguntas.
El tema llegó posteriormente al Consejo General del INE.
Durante una sesión, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, preguntó a la consejera presidenta sobre su presencia en una celebración con Hernández Casillas. Taddei no respondió directamente a ese cuestionamiento.
La relación personal señalada por las publicaciones periodísticas es uno de los elementos que las investigaciones deberán distinguir de las decisiones de contratación.
La convivencia entre una funcionaria y un proveedor no acredita automáticamente favoritismo o un delito, pero puede motivar la revisión de posibles conflictos de interés si existieron decisiones administrativas relacionadas.
¿Qué respondió Guadalupe Taddei sobre las empresas proveedoras del INE?
Ante las publicaciones sobre los contratos, Guadalupe Taddei defendió que los procedimientos de adquisición se realizaron conforme a las reglas aplicables.
También sostuvo que algunas de las compañías cuestionadas habían recibido contratos antes de que ella llegara a la presidencia del organismo en 2023.
Ese antecedente permite establecer que las relaciones comerciales no comenzaron necesariamente durante su administración.
Sin embargo, la existencia de contratos anteriores no sustituye una revisión de los procedimientos actuales ni determina la legalidad de las adjudicaciones.
La consejera presidenta también negó haber favorecido a proveedores y respaldó que las autoridades competentes revisaran los expedientes.
Los señalamientos derivaron en solicitudes de investigación y exigencias de representantes partidistas para que se separara del cargo mientras se esclarecían las acusaciones.
El INE promete transparentar contratos, proveedores y montos
En un comunicado fechado el 24 de octubre, la Presidencia del INE manifestó que colaboraría con la Auditoría Superior de la Federación y con el Órgano Interno de Control.
El organismo reconoció la fiscalización como parte de los mecanismos institucionales de supervisión y sostuvo que las investigaciones debían realizarse conforme a derecho.
También señaló que las autoridades tendrían acceso a los documentos y expedientes requeridos. De acuerdo con el posicionamiento, ninguna persona servidora pública ni proveedor se encuentra por encima de la ley.
El instituto informó que había realizado relevos en áreas ejecutivas y administrativas, aunque el comunicado no identificó a todas las personas involucradas ni detalló los cambios.
Además, anunció la preparación de una plataforma de transparencia denominada “INE siempre a la vista, contigo a cada paso”.
Mediante ese espacio, el organismo buscaría poner a disposición de la ciudadanía información sobre contratos, proveedores, montos y documentos relacionados con las distintas etapas de las adquisiciones.
La publicación de esos expedientes permitiría conocer los procedimientos utilizados para elegir a los proveedores y los términos de las adjudicaciones.
Al mismo tiempo, el INE indicó que no emitiría pronunciamientos sobre casos particulares mientras continuaran las investigaciones, en atención a las reglas de reserva, presunción de inocencia y debido proceso.
¿Quién controlará el gasto del INE rumbo a las elecciones de 2027?
La salida anunciada de Guadalupe Taddei ocurre cuando el instituto tiene en marcha el proceso electoral federal 2026-2027.
En esta etapa, el organismo debe continuar con sus funciones de organización electoral, administración y fiscalización, independientemente de los cambios en su conducción. La sucesión deberá resolverse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Sin embargo, la nueva presidencia no sustituirá las funciones de las autoridades encargadas de investigar posibles irregularidades.
La ASF continuará con las revisiones del ejercicio de recursos públicos conforme a sus atribuciones; la UIF, con el análisis financiero que corresponda; y el OIC, con la investigación de eventuales responsabilidades administrativas.
Las áreas administrativas del INE, por su parte, deberán seguir operando y responder por los procedimientos de contratación que estén bajo su responsabilidad.
La pregunta que permanece abierta es quiénes ocuparán esas áreas después de los relevos anunciados y qué medidas se aplicarán para prevenir posibles conflictos de interés.
La continuidad de las investigaciones también permitirá establecer si los vínculos entre proveedores y funcionarios tuvieron consecuencias concretas en la adjudicación de contratos.
Taddei sale del INE, pero las investigaciones por contratos millonarios continúan
Los contratos cuestionados forman parte de una relación comercial que comenzó años antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
Los registros muestran adjudicaciones a empresas proveedoras de materiales electorales desde 2014, con operaciones en al menos 13 estados y montos acumulados superiores a mil millones de pesos.
Sin embargo, las indagatorias actuales se concentran en posibles irregularidades específicas: procedimientos de adjudicación, relaciones entre empresas competidoras, movimientos financieros y vínculos entre contratistas y funcionarios.
La renuncia de Taddei no establece responsabilidades ni cierra esos expedientes. Tampoco significa que todos los contratos de las siete empresas sean ilegales.
Las conclusiones dependerán de las auditorías, la documentación financiera y los procedimientos administrativos correspondientes.
El desafío para el INE rumbo a las elecciones de 2027 no se limita a elegir una nueva presidencia. También consiste en esclarecer quién tomó las decisiones de contratación, cómo fueron supervisadas, qué intereses pudieron intervenir y si los recursos públicos se utilizaron conforme a la ley.
La sucesión resolverá quién encabeza el organismo, pero serán las investigaciones las que determinen qué ocurrió con los contratos millonarios que hoy se encuentran bajo escrutinio.
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