Reforma de nacionalidad única avanza al Senado: ¿por qué todavía podría complicarse pese al respaldo de Morena?

La reforma que busca exigir nacionalidad exclusivamente mexicana a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México superó su primera gran prueba en el Congreso. La Cámara de Diputados la aprobó y envió este miércoles 23 de septiembre al Senado, donde el margen del oficialismo es considerablemente más estrecho y cualquier diferencia dentro de Morena, PT o Partido Verde podría complicar su aprobación definitiva.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La propuesta no elimina el derecho de los mexicanos a tener doble nacionalidad, sino que establece una restricción específica para quienes pretendan encabezar alguno de los poderes Ejecutivos contemplados en la reforma. Si una persona posee otra nacionalidad, tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata.

En San Lázaro, el dictamen obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. Después, durante la votación en lo particular, consiguió exactamente 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Morena, PT y PVEM dieron los votos necesarios para que la modificación constitucional pudiera continuar su camino legislativo.

El Senado se convierte en la prueba decisiva

El problema para el oficialismo está en que una reforma constitucional necesita una mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que Morena no puede aprobarla por sí sola. En el Senado, el bloque integrado por Morena, PVEM y PT suma 86 legisladores, de acuerdo con el reparto considerado durante las negociaciones de la reforma, una cifra que deja poco espacio para ausencias o votos en contra si la oposición acude completa.

Las diferencias habían aparecido principalmente dentro del Partido Verde. Legisladores de esa fuerza política habían expresado reservas sobre obligar a una persona a renunciar a su segunda nacionalidad antes de solicitar el registro de su candidatura. A ello se sumaron tensiones del PT con Morena relacionadas con la definición de candidaturas para las elecciones de 2027. Sin embargo, ambas fuerzas terminaron respaldando el proyecto en la Cámara de Diputados, por lo que ahora deberá observarse si esa misma unidad se mantiene en el Senado.

La minuta llegó este miércoles a la Cámara alta y las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, encabezadas por los morenistas Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fueron convocadas a una reunión extraordinaria para comenzar su procesamiento.

La oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha rechazado la modificación. Entre sus cuestionamientos está que la renuncia a determinadas nacionalidades puede depender de decisiones y procedimientos de gobiernos extranjeros, lo que podría dificultar que una persona cumpla el requisito antes de registrarse como candidata. Durante la discusión en Diputados, incluso hubo una negociación para modificar el momento en que tendría que acreditarse la renuncia, pero finalmente no prosperó.

La renuncia a otra nacionalidad abre otro problema

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue precisamente cómo se acreditaría la renuncia. El coordinador panista Elías Lixa planteó durante el debate que existen países donde abandonar una nacionalidad resulta jurídicamente imposible o depende de procedimientos que no controla directamente el ciudadano. La mayoría rechazó modificar el dictamen por ese motivo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que parte de estas cuestiones deberán definirse posteriormente mediante una ley reglamentaria, donde se establecerá el procedimiento para hacer efectiva la renuncia a otra ciudadanía. Morena sostiene que el objetivo de la reforma es evitar posibles conflictos derivados de los vínculos jurídicos que una segunda nacionalidad genera frente a otro Estado.

Incluso si consigue los votos necesarios en el Senado, el procedimiento todavía no terminaría ahí. Por tratarse de una reforma constitucional, después deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de que pueda realizarse la declaratoria correspondiente y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

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