Jueces distritales tienen 24 horas para revisar suspensiones emitidas contra la reforma judicial
Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno de la SCJN rechazó la orden del TEPJF
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La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se pidió que cuatro ministros que se pronunciaron en contra de la Reforma Judicial se excusen de votar las suspensiones contra la elección de personas juzgadoras.
Por mayoría las y los ministros consideraron improcedente la solicitud del TEPJF, que pretendía declarar impedida a la ministra presidenta Norma Piña, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo, para discutir el proyecto. pic.twitter.com/BtLiZPezlv
— Azucena Uresti (@azucenau) February 13, 2025
Con 7 votos a favor y 3 en contra, la SCJN aprobó descalificar la actuación del TEPJF en lo relacionado con los amparos que suspenden la implementación de la reforma judicial.
El pasado 10 de febrero, el Tribunal Electoral dio la orden a la Suprema Corte de que la ministra Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo y Javier Laynez debían declararse impedidos para conocer y discutir proyectos relacionados con la Reforma Judicial, en especial aquellos que buscaban frenar el proceso de elección.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, declaró que se solicitó a estos cuatro ministros "que se excusen de resolver este asunto los integrantes del pleno de la Suprema Corte que se pronunciaron fuera del orden constitucional, en medios de comunicación sobre este asunto".
Además, añadió que dicha instrucción desde el Tribunal Electoral se debía a la postura de los cuatro ministros en contra de la elección popular de representantes del Poder Judicial.
A pesar de la orden del Tribunal Electoral, los ministros de la Suprema Corte rechazaron que sus integrantes deban abstenerse de participar en los litigios relacionados con la Reforma Judicial, motivo por el cual la instrucción fue declarada improcedente.
Después de rechazar la orden, los ministros se adentraron en el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual resuelve la procedencia de los amparos interpuestos por dos jueces federales de Michoacán y Jalisco en contra de la elección judicial.
24 horas
Ahora, con 6 votos a favor y 4 en contra, la SCJN ordeno a los jueces que otorgaron las suspensiones contra la Reforma Judicial, revisar sus decisiones en un plazo de 24 horas a jueces de distrito para presentar nuevos resolutivos.
Durante cinco horas, los ministros debatieron la solicitud hecha por juzgadores para que la Corte se pronunciara sobre si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la facultad de analizar o revocar suspensiones otorgadas por jueces en relación con el proceso de elección judicial.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que la Sala Superior del TEPJF no tiene competencia para revocar o anular una resolución emitida por un juez de distrito en un juicio de amparo. Explicó que la única manera de revocar dichas resoluciones es a través de los recursos legales establecidos, como los tribunales colegiados.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nadie le discute su competencia como tribunal máximo en materia electoral, con esa competencia que tiene reconocida, no tiene competencia para revisar, revocar o dejar sin efecto una determinación dictada en un juicio de amparo, porque no es el órgano constitucionalmente establecido para ello”, subrayó Pardo Rebolledo.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que el proyecto debatido podría dar lugar a una tiranía judicial si se permite que los jueces actúen únicamente conforme a su voluntad. “La dictadura no sólo puede venir del Poder Ejecutivo, sino de cualquier autoridad que emita actos abusando de su estatus para reprimir derechos y ejercer el poder de manera absoluta ignorando las leyes que deben cumplir”, enfatizó.
Batres Guadarrama también señaló que algunos jueces han excedido sus atribuciones y justifican decisiones abusivas con argumentos jurídicos dudosos o confusión sobre sus propias competencias. “Como pareciera que se quiere justificar ahora de las personas juzgadoras que han excedido sus atribuciones y justifican sus decisiones abusivas con supuestos argumentos jurídicos o con la confusión de sus propias atribuciones”, concluyó.