Sheinbaum critica a juez por frenar orden de captura contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán
La presidenta Sheinbaum dijo que el juez no debió frenar la captura del exgobernador de Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este jueves al Poder Judicial por conceder una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que le permite evitar su detención mientras se resuelve un amparo contra una posible orden de aprehensión.
Sheinbaum Pardo cuestionó la decisión del juez federal que otorgó la medida cautelar, al considerar que el caso de Aureoles está vinculado a presuntos actos de corrupción.
"Es muy claro el caso, particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión” denunció la mandataria.
Juez frena detención de Silvano Aureoles
El recurso, concedido por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, establece que el exmandatario estatal podrá mantener la suspensión si cubre una garantía de 52,000 pesos en un plazo de cinco días.
La medida impide que sea detenido, incluso si se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, mientras se resuelve si se le otorga la suspensión definitiva.
Sheinbaum también expresó preocupación por la actuación del Poder Judicial en casos relacionados con la seguridad pública.
Sheinbaum aprovechó la ocasión para criticar al Poder Judicial, luego de que en la reunión del Gabinete de Seguridad se le informó que uno de los presuntos responsables de los hechos violentos en Michoacán, vinculado con el crimen organizado, había sido detenido en marzo por un delito similar, pero fue liberado por un juez apenas tres días después.
“Hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad en el país, sino que al revés, se han convertido en un obstáculo”, acusó la presidenta.
El caso de Aureoles se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de señalamientos por decisiones judiciales que el gobierno considera contrarias al combate a la impunidad y la delincuencia organizada.
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