Elección judicial, sin legitimidad ni garantías mínimas: Marco Antonio Baños

La primera elección judicial organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) carece de legitimidad y está plagada de irregularidades, advirtió Marco Antonio Baños, exconsejero del órgano electoral, en entrevista con Guillermo Ortega para el noticiero Con Ortega a las 10, transmitido por El Financiero TV.

“Es un balance que no arroja buenos resultados”, señaló Baños, al referirse al proceso electoral que se celebrará en una semana.

De acuerdo con el especialista, la reforma judicial que dio origen a esta elección fue aprobada “al vapor”, sin consenso con la oposición, sin consultar al INE y con graves fallas en su implementación.

Aseguró que uno de los principales focos de alerta está en la integración de los listados de candidaturas, donde se cometieron errores por parte de los comités de evaluación de los tres poderes. Además, el INE solo instalará la mitad de las casillas, debido al recorte presupuestal impuesto por el gobierno federal, lo cual impactará en la logística y el conteo de votos.

“No se van a contabilizar los votos por candidatura en cada casilla, pero tampoco se van a inutilizar las boletas”, denunció.

También criticó que las campañas sean mínimas, sin recursos públicos ni privados, y destacó la falta de información ciudadana sobre quiénes son las personas candidatas. A pesar de esfuerzos como el portal Conóceles, Baños sostuvo que la participación podría ser menor al 20%.

Preocupación por los "acordeones"

El exconsejero se mostró especialmente preocupado por los llamados “acordeones”: listas impresas que supuestamente están siendo distribuidas por funcionarios estatales para inducir el voto hacia ciertos perfiles. Según investigaciones periodísticas, esto ha ocurrido en Nuevo León, Jalisco y Durango.

“Si esto se comprueba, será una elección fraudulenta y absolutamente irregular”, sentenció.

Aunque el INE permite que cada persona lleve un acordeón propio, Baños aclaró que estos documentos deberían elaborarse de forma individual, no distribuidos desde instancias de gobierno.

Acusó que este tipo de prácticas contradicen el principio constitucional de que los partidos políticos no deben intervenir en el proceso judicial. Sin embargo, tanto Morena como partidos de oposición estarían participando en operativos para favorecer a sus candidatos.

“Lo que está ocurriendo en Durango o Aguascalientes es una simulación. No es una elección real”, dijo al referirse a estados donde el número de candidaturas es igual al de cargos a elegir.

Presuntos vínculos de candidatos con el crimen organizado

El exconsejero también recordó las declaraciones de Fernández Noroña, quien impugnó 26 candidaturas: 18 por presuntos nexos con el crimen organizado y otras 8 por no cumplir con el promedio mínimo de calificación académica que exige la Constitución.

Además, cuestionó la narrativa oficial de entusiasmo ciudadano: “Yo creo que más bien hay una enorme desinformación”, dijo, y añadió que el uso político de programas sociales está distorsionando el sentido de la elección.

“No tiene la menor legitimidad”

Al ser cuestionado sobre la legitimidad del proceso, Baños fue tajante: “La elección judicial, respondiendo de manera concreta a tu pregunta, no tiene la menor legitimidad”, afirmó.

La erosión, explicó, inició desde que el Ejecutivo y el Legislativo negaron recursos al INE y se profundizó con la negativa a ampliar plazos, errores en los listados, sentencias contradictorias del Tribunal Electoral y la permisividad del INE y otras autoridades para que los poderes públicos difundan la elección, lo cual contraviene la ley.

También criticó que no se optara por inutilizar las boletas sobrantes, un procedimiento sencillo que habría evitado sospechas de fraude.

“Es verdaderamente terrible lo que le pasó a ese grupo de personas que salieron sorteadas, pero no están en los listados. El tribunal les respondió que era su responsabilidad”, lamentó.

Finalmente, concluyó que esta elección no garantiza confianza, autenticidad ni credibilidad, y mucho menos cumple con los estándares de otros procesos organizados por el INE.