La reforma judicial vuelve a cambiar: experto advierte improvisación y crisis en el Poder Judicial

La polémica reforma judicial impulsada por Morena y aprobada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrenta ahora una nueva sacudida. La elección judicial prevista para 2027 podría posponerse hasta 2028, una decisión que, para especialistas en derecho constitucional, confirma que la reforma “se hizo al vapor” y sin un diagnóstico serio sobre sus consecuencias.

Así lo advirtió el abogado y maestro en Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, quien dijo en entrevista con Guillermo Ortega que el aplazamiento evidencia los errores estructurales de una reforma que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, terminó debilitándolo.

“La reforma judicial fue planteada supuestamente para fortalecer al Poder Judicial, pero lo que hizo fue prácticamente consumar la venganza del entonces presidente López Obrador, sobre todo para destituir del cargo a principalmente ministros y ministras de la Suprema Corte y de ahí, a magistradas y magistrados, juezas y jueces federales”, sostuvo.

La reforma de la reforma judicial

La iniciativa original establecía que en 2027 se realizaría una segunda etapa de elecciones para renovar cientos de cargos judiciales mediante voto popular. Sin embargo, ahora el oficialismo plantea mover el proceso a 2028 bajo el argumento de problemas logísticos.

El motivo: en 2027 coincidirán elecciones federales y locales en gran parte del país, lo que complicaría la organización y también la decisión de los ciudadanos al momento de votar por gobernadores, diputados, congresos locales y, al mismo tiempo, por jueces y magistrados.

Burgoa recordó que solamente a nivel federal deberían someterse a elección alrededor de 852 jueces y magistrados, una cifra que vuelve prácticamente inviable el proceso tal y como fue diseñado.

“El hecho de posponer la elección judicial no resuelve el problema de fondo. Solo confirma que nunca hubo una planeación seria”, afirmó.

Jueces y magistrados acusan colapso del sistema

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales (JUFED) reaccionó al anuncio con un duro posicionamiento, donde aseguró que posponer la elección de 2027 a 2028 no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico. Solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio.

Para Burgoa, el diagnóstico de la JUFED refleja exactamente lo que ocurre actualmente: un Poder Judicial cada vez menos independiente y más vulnerable al control político.

Mientras no se elimine la elección popular de jueces, magistrados y ministros, será imposible garantizar independencia e imparcialidad.

Morena busca ajustar la reforma… sin cambiar el fondo

Entre los cambios que analiza el Congreso está modificar el sistema de comités de evaluación. Actualmente, cada uno de los tres poderes tiene su propio comité encargado de revisar perfiles y validar aspirantes judiciales.

La nueva propuesta pretende concentrar todo en un solo comité.

Aunque el oficialismo asegura que esto agilizará el proceso, especialistas consideran que solo se trata de ajustes cosméticos que no solucionan el verdadero problema.

“Van a seguir depurando listas y reduciendo candidatos. En los hechos están regresando a mecanismos parecidos a la carrera judicial que ellos mismos destruyeron”, advirtió Burgoa.

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Los “acordeones”, el tema que Morena evita tocar

Uno de los puntos más criticados tras la primera elección judicial fueron los llamados “acordeones”, listas y estructuras de movilización política utilizadas para orientar el voto.

Sin embargo, la nueva reforma no contempla sanciones ni mecanismos claros para impedir estas prácticas.

Para el constitucionalista, esto demuestra que Morena busca conservar el control político sobre quiénes llegarán a ocupar cargos judiciales.

“Aspectos fundamentales como los acordeones debieron resolverse desde 2025, pero como a Morena no le interesaba en su momento poder hacer una auténtica revisión del desastre que ha ocasionado su reforma judicial, lo dejaron”, explicó.

Además, recordó que la reforma debe aprobarse antes de que termine mayo de 2026, ya que la Constitución obliga a que cualquier modificación electoral ocurra al menos 90 días antes del inicio formal del próximo proceso electoral.

JUFED propone limitar elecciones solo a vacantes reales

Ante la crisis, jueces y magistrados plantearon una alternativa: que las elecciones judiciales se limiten únicamente a vacantes generadas por renuncias, jubilaciones o fallecimientos.

Burgoa consideró que esa medida sería mucho más sensata, aunque advirtió que incluso eso generaría complicaciones para quienes ya preparaban su retiro en 2027 y ahora podrían verse obligados a permanecer hasta 2028.

“Si insisten en la elección popular, al menos tendría sentido que solo se cubrieran vacantes reales”, dijo.

Caso Maru Campos: ¿es viable un juicio político?

Durante la entrevista también surgió el tema de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que simpatizantes de Morena exigieran juicio político en su contra.

Burgoa explicó que jurídicamente sí existe la posibilidad de iniciar un juicio político contra gobernadores cuando cometen violaciones graves a la Constitución. Sin embargo, aclaró que en este caso no existen pruebas claras que sustenten las acusaciones.

“Todo es absolutamente político para desviar temas que creo que son más importantes de lo que está pasando a nivel nacional y jurídicamente”, sostuvo.

Incluso señaló que, aunque Morena podría avanzar en la Cámara de Diputados gracias a sus votos, la decisión final recaería en el Congreso de Chihuahua, donde el PAN mantiene mayoría.

Rubén Rocha Moya y las acusaciones desde Estados Unidos

Otro de los temas que marcaron la conversación fue el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos junto con otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Burgoa calificó el hecho como inédito en la historia reciente de México.

“Nunca habíamos visto acusaciones de esta magnitud contra un gobernador y un senador en funciones”, afirmó.

El abogado advirtió que si el gobierno mexicano no coopera con las solicitudes estadounidenses, podrían generarse tensiones diplomáticas mucho más graves.

Incluso consideró posible que Estados Unidos decida actuar de manera unilateral si percibe falta de colaboración por parte de México.

“Quienes terminarán pagando las consecuencias serán los mexicanos”, alertó.

Una reforma bajo presión

Mientras Morena acelera la discusión de una nueva modificación constitucional para corregir errores de la reforma judicial original, crecen las voces que consideran que el problema no es la fecha de la elección, sino el modelo completo.

Para especialistas, jueces y magistrados, el aplazamiento de 2027 a 2028 solo confirma lo que desde el inicio advirtieron: que la reforma judicial nació sin consenso, sin diagnóstico y sin una ruta clara para garantizar la independencia de la justicia en México.

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