Así se prepara el Senado para el juramento de 881 jueces y ministros del PJF
Noroña aseguró que la ceremonia será cuidadosamente organizada para garantizar orden y transparencia
Tras la histórica elección judicial, el Senado de la República ya afina los últimos detalles para la toma de protesta de 881 jueces y ministros que integrarán el Poder Judicial de la Federación (PJF), un proceso que marca el inicio de un nuevo ciclo en los tribunales del país.
Así lo informó ante medios el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien afirma que “todo está listo para que el próximo 1 de septiembre la nueva Mesa Directiva tome la protesta a las y los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como a juezas y jueces federales”.
El senador enfatizó que la división de poderes no implica confrontación, sino coordinación y colaboración entre los distintos órganos del Estado. “Nosotros apostamos a la división de poderes, pero división no es pugna entre poderes ni controversia”, indicó durante un evento en la Cámara de Diputados.
Expectativas y vigilancia social
Fernández Noroña advirtió que los próximos ministros enfrentarán “mucha vigilancia y expectativas muy fuertes”, con un enfoque en garantizar que sus decisiones se mantengan dentro del marco legal y con un acento social, como subrayó un legislador invitado, Hugo Aguilar.
El presidente del Senado también mencionó que la coordinación con Estados Unidos sobre el envío de integrantes del crimen organizado refleja la importancia de mantener la integridad del sistema judicial, recordando que en ocasiones anteriores, el Poder Judicial ha otorgado amparos que permitieron la liberación de implicados.
Preparativos logísticos
El Senado informó que la ceremonia será cuidadosamente organizada para garantizar el orden y la transparencia, incluyendo protocolos de seguridad y coordinación con las autoridades judiciales. La toma de protesta simboliza no solo un relevo institucional, sino también un compromiso de los poderes del Estado con la legalidad, la transparencia y la vigilancia ciudadana.
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