Brugada propone hasta 7 años de cárcel por pinchazos en el Metro de CDMX
Brugada propone hasta 7 años de prisión para quienes causen pinchazos en el Metro de CDMX, tras 68 denuncias en el transporte público
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa de ley para tipificar como delito la administración oculta o mediante engaño de sustancias que alteren el estado físico o mental de las personas, luego de registrarse 68 denuncias por pinchazos en el transporte público.
La propuesta contempla penas de hasta 7 años y medio de prisión y multas económicas de hasta 33,000 pesos, y busca incorporar el artículo 141 Quáter al Código Penal local, dentro del capítulo de delitos contra la vida, integridad corporal y dignidad.
“Es un asunto nuevo, no había pasado antes y, reiteramos, no ha puesto en peligro la vida de las personas. Sin embargo, es un tema que ha generado una situación de inquietud a la población”, declaró Brugada, al señalar que esta medida complementa los protocolos de atención y seguridad implementados recientemente.
Suman 68 casos de pinchazos en el Metro de la CDMX
De las 68 denuncias registradas hasta el 14 de mayo, 50 ocurrieron en estaciones del Metro, ocho en Metrobús, seis en vía pública y cuatro en otros medios como Cablebús y RTP, según informó la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde Luján.
La iniciativa de ley plantea penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 50 a 300 días de salario para quienes, sin consentimiento de la víctima, suministren o introduzcan sustancias a través de bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones u otros medios.
También se contemplan agravantes que podrían aumentar la pena en 2 años y medio adicionales, en casos donde:
La sustancia tenga efectos psicoactivos o narcóticos.
Se ponga en riesgo la vida o salud de la víctima.
La víctima sea menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad.
El hecho ocurra en transporte público o lugares públicos.
El acto se cometa contra varias personas.
El suministro esté vinculado con delitos como abuso sexual, trata, robo, secuestro o feminicidio.
“Queremos dar certeza legal y herramientas jurídicas para sancionar esta nueva forma de agresión, que si bien no ha derivado en delitos de alto impacto, genera temor en la ciudadanía”, subrayó la mandataria capitalina.
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