Caso Javier Duarte: ¿Dónde están actualmente los cómplices del exgobernador de Veracruz?

Casi diez años después de revelarse el mayor desfalco estatal documentado en México, una parte sustancial de los operadores políticos y financieros del exgobernador Javier Duarte continúa fuera de prisión. Documentos oficiales señalan al menos a 20 exfuncionarios vinculados con el desvío de 62 mil millones de pesos del erario veracruzano, de los cuales la mayoría ha logrado evadir sentencias, órdenes de captura o procesos de extradición.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó el caso como uno de los episodios de corrupción más graves cometidos por un gobierno estatal. A pesar de las 71 denuncias penales presentadas a lo largo de una década, no se ha recuperado un solo peso para Veracruz.

Especialistas en rendición de cuentas advierten que el caso exhibe un patrón de redes institucionales que han permitido la permanencia de la impunidad. Según la académica Lourdes Morales, la administración duartista operaba mediante una estructura con múltiples niveles de colaboración que continúa sin desarticularse. Para la experta, los operadores “han logrado mantenerse en libertad gracias a amparos, reclasificaciones penales y sentencias anuladas”.

Excolaboradores en libertad, amparados o prófugos

El escenario actual muestra a personajes clave del gobierno de Duarte en situaciones jurídicas que les han permitido evitar la cárcel. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Karime Macías, quien permanece en Reino Unido desde hace ocho años mientras su proceso de extradición continúa detenido.

Otro operador fundamental, Moisés Mansur Cysneiros, señalado como uno de los principales prestanombres del exgobernador, sigue prófugo desde 2017, luego de que un juez anulara su orden de aprehensión.

En la lista también están figuras como Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero, quien logró convertirse en testigo colaborador y jamás fue encarcelado; y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, procesado por desaparición forzada y enriquecimiento ilícito, pero liberado tras pagar una fianza y obtener resoluciones judiciales favorables.

Entre los exfuncionarios que han salido de prisión o han evitado juicios destacan:

• Flavino Ríos, exgobernador interino.

• Francisco Valencia, exdirector de la Comisión del Agua.

• Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas.

• Leonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular estatal.

• Luis Ángel Bravo, exfiscal estatal.

Todos fueron señalados por delitos relacionados con desvíos de recursos, incumplimiento de deber legal, abuso de autoridad o peculado, pero obtuvieron libertad mediante amparos, criterios de oportunidad o resoluciones por violaciones procesales.

Procesos inconclusos y bienes asegurados sin recuperar el daño

Mientras los excolaboradores avanzan con sus defensas, las denuncias por desfalcos se acumulan sin resultados tangibles. La Fiscalía General de la República ha señalado a exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas por participar en la transferencia irregular de más de mil millones de pesos, sin que alguno haya sido detenido.

Otros excolaboradores enfrentan procesos para reintegrar miles de millones de pesos al erario: Arnulfo Octavio García Fragoso, ex tesorero, debe devolver más de 19 mil millones, caso aún en litigio; y Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario, está obligado a reintegrar más de 2 mil millones, también sin sentencia firme.

Una parte del patrimonio presuntamente obtenido mediante desvíos fue asegurado por las autoridades, como el rancho Las Mesas en Valle de Bravo, el inmueble El Faunito en Veracruz y varias propiedades en territorio nacional y en Texas, pero las dudas sobre su destino permanecen.

Duarte busca su libertad mientras persiste el reclamo por justicia

Mientras sus excolaboradores mantienen procesos en libertad, Javier Duarte permanecerá en prisión. El exgobernador solicitó recientemente el beneficio de libertad anticipada, con el argumento de haber cumplido más del 95% de su condena y mantener buena conducta.

Sin embargo, la jueza federal encargada del caso determinó que el exmandatario no acreditó el cumplimiento del plan de actividades requerido para acceder al beneficio. Además, se confirmó que mantiene un proceso pendiente por desaparición forzada en Veracruz, lo que imposibilita su salida anticipada.

Con esta resolución, Duarte deberá cumplir su condena completa por lavado de dinero y asociación delictuosa, que concluye en abril de 2026.

La decisión fue celebrada por colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, quienes insisten en que el exgobernador debe responder también por las más de 3,600 desapariciones registradas durante su administración y por los esquemas de corrupción que continúan sin castigo.