Crematorio Plenitud ya había sido sancionado y operaba sin permisos: ¿Por qué acumulaba cuerpos?

El escándalo del crematorio Plenitud sacudió a la comunidad y evidenció una posible cadena de negligencias institucionales. La Fiscalía General del Estado confirmó que 383 cuerpos fueron encontrados almacenados en distintas áreas del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. Aunque los cuerpos habían sido entregados por funerarias para su incineración, jamás fueron cremados.

Entregaban cenizas falsas para evitar sospechas

“Estamos ante algo inédito en nuestra ciudad”, declaró el fiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno en conferencia de prensa. “Se entregaban cenizas falsas porque eso evitaba cualquier reclamo”, reconoció, detallando que las funerarias entregaban los cuerpos y, en cinco o seis días, las familias recibían un cofrecito con supuestas cenizas.

El fiscal enfatizó que se iniciará una investigación integral para identificar los cuerpos y castigar a los responsables. Además, se evaluará si hubo omisiones por parte de autoridades encargadas de supervisar el crematorio.

En el crematorio se pudo identificar que tenía un cuarto sin horno, solo cuerpos apilados y una chimenea simulada.

Así se ve desde el aire

¿Quiénes son los responsables?

Dos personas ya enfrentan cargos: José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio, y Facundo Martínez Robledo, su empleado. Ambos fueron presentados ante un juez e imputados por inhumación y exhumación indebida de cadáveres, así como por violaciones a la Ley General de Salud relacionadas con el manejo de restos humanos.

Actualmente, se encuentran bajo prisión preventiva y la próxima audiencia está programada para el 4 de julio. El objetivo de la medida es asegurar que puedan responder por el daño económico y moral causado a cientos de familias.

¿Quiénes eran las víctimas?

Javier Sánchez Herrera, director de Servicios Periciales, informó que de los 383 cuerpos:

• 218 son hombres

• 149 son mujeres

• 16 aún no se ha determinado su sexo

Además, 15 ya fueron plenamente identificados, y hay otros cuatro con características individuales como tatuajes o amputaciones. Varios cuerpos portaban etiquetas hospitalarias o del IMSS, lo que ha facilitado el proceso de identificación.

Hasta ahora, la Fiscalía ha sostenido reuniones con 89 familias que podrían tener a un ser querido entre los cuerpos hallados.

Algunos cuerpos serían víctimas de COVID-19

El fiscal Jáuregui reveló que varios cuerpos presentan señales de haber sido manejados bajo protocolos para fallecimientos por COVID-19, como el uso de cintas plásticas (flejados). Se sospecha que algunos pudieron haber sido almacenados desde 2020, aunque no es posible precisar la fecha exacta de fallecimiento debido al embalsamamiento y otros procesos químicos que impiden obtener ADN útil.

Ya habían sido sancionados en 2020

El escándalo no es nuevo. En junio de 2020, durante el pico de la pandemia, se realizó una inspección tras denuncias vecinales por olores fétidos. En esa ocasión, se localizaron 63 cuerpos almacenados sin condiciones sanitarias.

El crematorio fue sancionado y multado, pero se le permitió seguir operando. Marcelo Ruiz Cantú, presidente de la Unión de Funerarios, confirmó que esta es la segunda ocasión en que se detectan irregularidades graves en el lugar.

Operaban sin permisos municipales

Aunque el fiscal había declarado que el crematorio contaba con permisos, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, desmintió esa versión. Confirmó que Plenitud no tenía autorización municipal, y calificó el caso como una “historia de terror”.

¿Por qué tenían los cuerpos?

Durante la audiencia, el dueño del crematorio habría dicho que “se le atrasó el trabajo”, lo que provocó la acumulación de los cuerpos. Sin embargo, la versión contrasta con la cantidad masiva de cadáveres y con el hecho de que el crematorio operaba desde hace al menos 25 años, según fuentes del gremio funerario.

Durante el reciente operativo, las autoridades encontraron cuerpos en oficinas, cuartos y pasillos. Todos habían recibido algún tipo de tratamiento químico para preservarlos.

¿Quién otorga los permisos? ¿Quién supervisa?

El funcionamiento de un crematorio requiere permisos de salud, medio ambiente y uso de suelo, tanto municipales como estatales. El hecho de que Plenitud haya seguido operando tras el escándalo de 2020 apunta a una supervisión deficiente o incluso a una presunta corrupción institucional.

El fiscal Jáuregui no descartó que se investigue a funcionarios públicos que pudieron haber incurrido en omisiones o negligencia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

El escándalo sacude la confianza ciudadana

El caso Plenitud no solo expone una tragedia sanitaria y legal, sino que ha abierto una crisis de confianza en las instituciones reguladoras de Chihuahua. La ciudadanía exige rendición de cuentas, no solo del crematorio, sino también de los funcionarios que permitieron que siguiera operando tras el primer hallazgo.

El predio permanece asegurado por la Fiscalía y marcado con sellos de suspensión. Las investigaciones continúan, y la exigencia es clara: identificar a todas las víctimas, castigar a los culpables y garantizar que jamás vuelva a repetirse una historia como esta.

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