Maestros bajo sospecha: cada vez más denuncias infundadas pueden acabar con su carrera

La figura del maestro enfrenta una de sus crisis más profundas: ha perdido respeto social, mientras gana terreno un fenómeno inquietante y doloroso para el gremio: denuncias infundadas que pueden destrozar carreras, reputaciones y hasta la vida de un docente, incluso sin pruebas ni sustento legal.

Lo confirma el profesor Saúl Jiménez Bastida, educador con más de 35 años de experiencia, quien ha sido maestro frente a grupo, director escolar y formador de docentes. En entrevista para guillermoortega.com, explica cómo los protocolos y normativas vigentes han intentado adaptarse, pero aún existe un gran vacío de conocimiento, aplicación y justicia dentro del sistema educativo.

El caso Esteban: ¿culpable por protocolo?

En 2023, el país conoció el caso de Esteban, un maestro en Baja California denunciado penalmente luego de que un alumno muriera tras un accidente ocurrido en la escuela. Aunque el profesor habría seguido todos los protocolos de atención y el niño apenas llevaba minutos dentro del plantel, la responsabilidad institucional se le adjudicó desde el primer momento.

“Desde que un alumno cruza la puerta de la escuela, la institución adquiere una responsabilidad total sobre su seguridad física y emocional, aunque la jornada aún no haya comenzado oficialmente”, detalla Jiménez Bastida.

La Ley General de Educación y los protocolos de seguridad escolar obligan a directivos y maestros a tomar medidas inmediatas ante cualquier incidente, y a documentar cada paso en bitácoras. “El desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad”, advierte el docente jubilado.

Responsabilidad total, recursos limitados

Los reglamentos escolares y la normatividad vigente establecen que el maestro, como servidor público, es responsable directo de sus estudiantes durante toda la jornada escolar. Y eso incluye mucho más que enseñar.

“El maestro debe cuidar, canalizar, documentar, seguir protocolos. Pero muchas veces lo hace sin acompañamiento legal, sin capacitación continua ni apoyo institucional”, lamenta Saúl.

El seguro escolar, por ejemplo, cubre accidentes tanto dentro como fuera del plantel, e incluso en el trayecto casa-escuela. Sin embargo, muchos docentes no conocen el alcance real de este derecho, y las escuelas, por falta de capacitación o burocracia, no activan los mecanismos a tiempo.

Cuando basta una palabra: denuncias sin pruebas

Jesús Fuentes, profesor con más de 15 años de experiencia, relata en entrevista un caso que vivió antes de la pandemia. Una alumna con necesidades especiales difundió el rumor de que el profesor había tocado a una compañera. Todo se basó en una interpretación personal, sin pruebas ni denuncia formal, pero la información escaló rápidamente y desató un proceso interno.

“Fue muy angustiante. Aunque todo era falso, viví meses de miedo, incertidumbre y daño moral”, recuerda Jesús. El docente fue separado temporalmente de su grupo mientras se realizaban las investigaciones. Nunca se comprobó nada.Jesús

“El problema es que la palabra del alumno, como debe ser, se privilegia. Pero la del maestro ya no pesa”, señala el maestro. Y aunque defiende que los menores deben ser escuchados y protegidos, también pide equilibrio y garantías legales para los docentes.

Protocolos que no bastan (ni se aplican)

Si bien existen protocolos de actuación —emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridades estatales y organizaciones escolares—, los docentes coinciden: muchas veces no se respetan o son letra muerta.

“Aunque cumplas con todos los pasos, basta una palabra para que todo se venga abajo. La credibilidad del maestro queda en entredicho”, confiesa otro profesor de secundaria.

Las comisiones de seguridad escolar, la asignación de responsables por turnos, las bitácoras diarias, el seguimiento del seguro y las reuniones con padres de familia son parte del sistema de prevención y actuación que debe existir en todas las escuelas públicas y privadas del país.

Vulnerabilidad legal y desprotección emocional

Saúl Jiménez Bastida subraya que los procesos administrativos pueden derivar en sanciones, suspensión o incluso la rescisión del contrato laboral del docente. Pero cuando hay una denuncia penal, el proceso se vuelve más incierto, agresivo y devastador.

“No importa si eres inocente. Mientras se investiga, tu vida queda en pausa. Perdemos reputación, trabajo, salud mental… todo por una mentira”, comentan educadores en redes sociales, tras conocer el caso Esteban.

Jiménez Bastida insiste: “La ley protege al niño, pero debe también proteger al docente inocente. Hoy en día, cualquiera puede ser acusado”.

Un llamado a la solidaridad docente

Entre las soluciones urgentes que proponen los docentes entrevistados destacan:

• Capacitación legal continua sobre los protocolos y derechos laborales.

• Conformar colectivos escolares solidarios que compartan información actualizada.

• Documentar absolutamente todo lo que sucede con los alumnos.

• Exigir que las autoridades educativas no actúen por presión mediática o emocional.

• Promover una cultura escolar de respeto mutuo y escucha crítica.

“Hoy cualquiera puede ser acusado. Hay que protegernos entre nosotros. La clave es saber qué hacer antes de que pase”, concluyen.

La palabra del maestro también debe contar

El magisterio mexicano enfrenta una de sus épocas más complejas. La docencia, considerada durante generaciones como una de las profesiones más nobles, hoy se ejerce bajo vigilancia constante, sospecha y desgaste emocional.

Los maestros no niegan que deben rendir cuentas. Pero exigen justicia: que los protocolos se apliquen, que las denuncias falsas no queden impunes, y que su palabra también sea escuchada y respetada.

Porque enseñar, hoy, es resistir.

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